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UNA PROPUESTA OPORTUNA: EMERGENCIA SOCIAL VS EMERGENCIA CARCELARIA

Análisis
Tomado de Traspasa los Muros
Por Carlos Alberto Baena  

El hacinamiento en las cárceles que se encuentran a cargo del Inpec en el departamento es un hecho evidente. No se trata de una situación nueva o reciente, sino que, como lo sabemos los quindianos, hay cifras que acusan esas dificultades desde antes del terremoto de 1999.



Hoy por hoy, la Defensoría del Pueblo señala que el hacinamiento puede llegar al 200 %. En celdas originalmente adecuadas para 4 personas, se han encontrados hasta 12 internos. En la cárcel de San Bernardo, habilitada para 431 individuos, habría más de ochocientos. En Peñas Blancas conviven 1.200, cuando no deberían ser más de 850. En Villa Cristina, la situación no es diferente: el cupo es para 80 mujeres, pero se estima la presencia de 150.

Ante la persistencia de las dificultades, las muertes en los establecimientos, los problemas de salud, la falta de atención médica o las diversas manifestaciones de inconformismo, motivadas por la escasa o nula dignidad y calidad de vida, no parecía verse otro camino que las acciones de tutela, las cuales, por fortuna, fallaron a favor de los internos.

Llevamos esta problemática al Senado, y el 15 de agosto, del año pasado, le propusimos al ministerio de Justicia que declarara la Emergencia Carcelaria. Por eso, aunque bienvenida, resulta lamentable que se haya perdido casi un año. Si el gobierno hubiera atendido en su momento estas recomendaciones, hoy la realidad de los reclusos sería más llevadera.

Lo que pasa en el Quindío se ve también por todo el país, por eso no es desacertado afirmar que nos encontramos ante una situación muy grave de orden público y social, derivada de un manejo carcelario inadecuado, originada por falta de voluntad política, negligencia administrativa, corrupción, y por un sistema judicial al que le falta celeridad y fortaleza. En algunas de las 142 cárceles del Inpec, el hacinamiento ha llegado hasta el 400 %. Además, aunque parezca mentira, hay cárceles sin servicios públicos y en algunas, el agua no es apta para el consumo humano.

Pensamos que, entre otras medidas, es preciso que se busquen mecanismos para agilizar los trámites de libertad pendientes; que se designen jueces de descongestión; se apropien los recursos para aumentar los cupos; se construyan hospitales o clínicas penitenciarias y se ordene un programa especial de atención en servicios públicos.

Sin embargo, hay que ir más allá y lo estructural requiere la declaratoria del Estado de Emergencia Social, mediante la cual se revista de facultades especiales al presidente y se supere la crisis. Esperemos que no les tome otro año impulsar estas iniciativas.

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