Comunicado
Movimiento Nacional Carcelario
Los presos políticos y presos sociales pertenecientes al Movimiento Nacional Carcelario, recluidos en la Penitenciaría Nacional de Valledupar, César, informamos a la opinión pública nacional e internacional, a los entes de control municipal, nacional, a las Comisiones de Paz y Derechos Humanos del Congreso de la República, a las organizaciones de familiares de las personas privadas de la libertad y a las organizaciones defensoras de derechos humanos de la población privada de la libertad que:
1) El día 14 de abril fueron sacados del pabellón # 3 por la guardia del INPEC de este establecimiento y aislados 11 compañeros que se encontraban realizando huelga de hambre en apoyo a las jornadas de protesta pacífica que se vienen desarrollando en las diversas cárceles del país debido a la problemática del hacinamiento que se vive en los 132 centros carcelarios, situación que exacerba seriamente el ya eminente riesgo de contagio de del COVID-19 entre la población privada de la libertad. Entre los 11 internos aislados se encuentra el prisionero político de las antiguas FARC-EP, AIMER SERRANO SERRANO.
2) A los internos les ordenaron salir con sus colchonetas e implementos de aseo con el supuesto argumento de poner en marcha el “protocolo” que el INPEC activa en estas situaciones. Esta arbitraria medida fue realizada por el cuerpo de custodia y vigilancia bajo órdenes del director del establecimiento, el Mayor César Fernando Caraballo Quiroga, la subdirectora Dianis Sánchez y el Capitán Mauricio Erazo.
3) Los compañeros fueron conducidos a los calabozos conocidos como “zona adyacente”, un sitio en condiciones deplorables en donde no cuentan con servicios de comunicación telefónica ni con los demás internos del establecimiento para lograr su aislamiento total. Este es un lugar transitorio que viene siendo utilizado por el cuerpo de custodia para aplicar castigo a los internos que ellos consideran están vulnerando la seguridad.
Denunciamos:
La violación al derecho constitucional contemplado en la sentencia T_ 282 de 2014 en la cual la Corte Constitucional ordena al INPEC respetar el derecho a la protesta pacífica que ante las condiciones indignas en los centros penitenciarios y carcelarios y en reclamación de los derechos humanos realice la población privada de la libertad.
Solicitamos:
- A la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría y demás entes de control que verifiquen la situación de los 11 compañeros y que sean devueltos inmediatamente a su pabellón, y que coadyuven en la garantía al respeto al derecho a la protesta pacífica que desde el día 13 de abril iniciaron los compañeros.
- A las Comisiones de Paz y Derechos Humanos del Congreso, a tomar atenta nota de lo aquí denunciado para que ejerzan las funciones de su competencia, entre ellas la de control político sobre lo que viene sucediendo en las cárceles y penales colombianos en esta coyuntura de pandemia y en el marco de las diferentes jornadas de protesta que legítimamente venimos adelantando la población privada de la libertad con el máximo objetivo de preservar nuestras vidas.
- A las organizaciones de familiares y defensoras de los derechos humanos de la población carcelaria les hacemos un llamado para estar atentos a todas estas situaciones que se vienen presentando con la población privada de la libertad y a desarrollar acciones concretas en la denuncia, el acompañamiento, las acciones legales y solidarias en estos momentos tan aciagos que estamos atravesando.
- A la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia y al resto de la Comunidad Internacional a estar vigilantes y acompañarnos en la denuncia para la garantía de los derechos de la población vulnerable que se encuentra tras las rejas.
Quedamos agradecidos por la atención a nuestra información y denuncia.
PRESOS POLÍTICOS Y PRESOS SOCIALES EN EL MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO, VALLEDUPAR CÉSAR
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