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EMERGENCIA CARCELARIA, POLITICA DE ENGAÑO Y NUEVO CARRUSEL DE CONTRATACIONES

Comunicado
Tomado de Traspasa los Muros
Por Movimiento Nacional Carcelario-cárcel de Palo Gordo (Girón, Santanter):




Los presos recluidos en las diferentes prisiones del régimen Colombiano, hemos venido denunciando la grave crisis social y humana que padecemos a la crítica situación de hacinamiento que incrementa de manera acelerada la violación de los derechos humanos, tratos crueles inhumanos y degradantes, al interior de las cárceles del país. Las condiciones inhumanas de los presos en Colombia han sido dadas a conocer a la opinión pública nacional e internacional, a través de la mediación y acompañamiento de las diferentes ong’s defensoras de los derechos humanos, algunos parlamentarios y los entes de control dejando en evidencia el estado inconstitucional de cosas y la desidia con la que el gobierno nacional asume la política criminal y penitenciaria en nuestro país.

Estamos frente a un gobierno demagogo que solo se ha quedado en el discurso de las buenas intenciones, sin que se resuelvan las raíces y causas que afloran el delito sin que se resuelvan las condiciones de fondo de vida, de salud, de alojamiento, de libertad para los ancianos y enfermos, así como la adecuada alimentación y la prestación de servicios básicos a la población reclusa. 

En este orden de ideas, el gobierno colombiano ha determinado de acuerdo al artículo 168 del código penitenciario y carcelario - ley 65 de 1993, decretar el ESTADO DE EMERGENCIA CARCELARIA, bajo el argumento del hecho sobreviviente que amenaza perturbar el orden y la seguridad al interior de las prisiones, otorgándole facultades al Director General del INPEC, para que realice traslados presupuestales y ordene la contratación directa en asocio del desprestigiado y corrupto concejo directivo del INPEC, pues dichas facultades le permiten violar la ley de contratación estatal ley 80 de 1993. 

El Estado a través del Ministerio de Justicia, le desembolsó 280 mil millones de pesos para ser invertidos, gastados o administrados directamente bajo la figura de la EMERGENCIA CARCELARIA, el INPEC con la injerencia y participación del ejército nacional, batallones de ingenieros militares acuden de inmediato a lo previsto en el plan de contingencia - ley 448 de 1998 -  para la construcción de campamentos según lo establecido en el artículo 28 de la ley 65 de 1993, que permite la construcción de estos galpones en los terrenos de éstas colonias para que los internos cumplan labores agropecuarias; la construcción de estos denominados campamentos no son la solución a los graves problemas de hacinamiento y en cambio empeoran más las condiciones de reclusión de los prisioneros, ya que esta improvisación nada dice de áreas en las que se presente buena atención y servicio médico, baterías sanitarias y espacios para las visitas familiares e intimas lo cual atenta y vulnera los derechos de los reclusos.

Lo que los presos de Colombia hemos solicitado  la declaratoria del ESTADO DE EMERGENCIA SOCIAL CARCELARIA, buscando a través de esta se resuelva la grave crisis penitenciaria y carcelaria donde el gobierno nacional tenga facultad para decretar la prisión domiciliaria para los delitos menores y reclusos próximos a recobrar su libertad.  Libertad para los ancianos mayores de 65 años y enfermos terminales, regionalización de los presos, rebaja de penas de un 20% y humanización de las políticas penitenciarias. Bajo las facultades que otorga la emergencia carcelaria el director general del Inpec ya empezó a decretar con el fin de entregar a manos de la fuerza pública policía nacional, el control, el orden de los penales, traslados masivos de presos de cárceles distritales a EPCAMS y ERONES del país buscando con ello, trasladar el hacinamiento y el problema a estos centros penitenciarios de alta seguridad bajo el grotesco argumento de reducir y nivelar el hacinamiento. En esta medida los presos declaramos :

1. Que no compartimos ni estamos de acuerdo con la declaratoria del ESTADO DE EMERGENCIA CARCELARIA adoptada por el gobierno nacional, el cual faculta al director general del INPEC para que disponga de 280 mil millones de pesos sin veeduría.

2. Solicitamos la declaratoria del ESTADO DE EMERGENCIA SOCIAL CARCELARIA, el cual permite conceder la prisión domiciliaria para quienes cometen delitos menores, otorgar la libertad a los presos que padezcan graves enfermedades y ancianos, regionalización de los presos, humanización en las políticas penitenciarias y rebaja de un 20% en las penas.

3. Hacemos un llamado urgente y alertamos a la comunidad nacional e internacional, de los graves problemas de hacinamiento que están empeorando diariamente nuestra condición de reclusión. 

4. Advertimos que la emergencia carcelaria que se declaró, traerá serios problemas de corrupción y el cual terminará con otro carrusel de la contratación, liderado de manera directa por el Brigadier General GUSTAVO ADOLFO RICAURTE, director general del INPEC y su concejo directivo quienes administraran y adjudicaran de manera directa, la nada despreciable suma de 280 mil millones de pesos, sin la participación de veedurías que ejerzan intervención preventiva bajo controles de transparencia.

Invitamos a toda la población reclusa del país, a nuestros familiares y amigos que integran el Movimiento Nacional Carcelario, a las organizaciones solidarias defensoras de derechos humanos, ong’s y organismos de control para que en una sola voz de protesta rechacemos la emergencia carcelaria decretada por el gobierno nacional. De igual forma convocamos a todas las cárceles y penitenciarias del país y demás organizaciones solidarias para que empecemos a generar dinámicas con miras a una pronta jornada de desobediencia y protesta carcelaria en rechazo a esta medida. 

JUNIO 12 DE 2013

MOVIMIENTO SOCIAL CARCELARIO

PRISION PALOGORDO GIRÓN - SANTANDER

COLECTIVO PRESOS POLITICOS JOSÉ ANTONIO GALÁN

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