Comunicado
Equipo Jurídico Pueblos
Por Presis Palogordo Girón Santander
Los presos recluidos en los diferentes prisiones del régimen Colombiano, hemos venido denunciando la crítica situación de hacinamiento que incrementa la violación de los derechos humanos, recibiendo todo tipo de humillaciones, vejámenes y tratos indignos, donde las cárceles se han convertido en verdaderos depósitos donde se asignan seres humanos, tocándonos vivir en peores condiciones que los mismos animales.
Las condiciones inhumanas han sido conocidas por la opinión pública nacional e internacional, gracias a la mediación y acompañamiento que nos han brindado diferentes ONGs defensoras de los derechos humanos y algunos parlamentarios y el defensor nacional del pueblo; quedando en evidencia el estado inconstitucional de cosas y la desidia con la que el gobierno nacional asume la política de encarcelamiento mediante la sanción penal por todo tipo de delitos.
Un gobierno nacional que solo ha quedado en el discurso de las buenas intenciones, sin que se resuelvan las situaciones de fondo como las condiciones de vida, salud, alojamiento, libertad para los ancianos y enfermos, como la prestación y suministro de adecuada alimentación; entre las tantas necesidades que empeoran día a día.
En este orden de ideas, el gobierno colombiano a determinado de acuerdo al artículo 168 del código penitenciario y carcelario - ley 65 de 1993, decretar el estado de EMERGENCIA CARCELARIA, bajo el argumento del hecho sobreviniente que amenaza perturbar el orden y la seguridad al interior de las prisiones, otorgándole facultades al Director General del INPEC, para que realice traslados presupuestales y ordene la contratación directa en asocio del desprestigiado y corrupto concejo directivo del INPEC, pues las facultades le permiten violar y no tener que recurrir a la ley de contratación estatal ley 80 de 1993.
El Estado a través del ministerio de justicia, le desembolso 280 mil millones de pesos para que sean invertidos, gastados o administrados directamente; el presupuesto adicional bajo la figura de la EMERGENCIA CARCELARIA, el INPEC con la injerencia y participación del EJERCITO NACIONAL, batallones de ingenieros militares acuden de inmediato a lo previsto en el plan de contingencia - ley 448 de 1998 - para la construcción de campamentos según lo establecido en el artículo 28 de la ley 65 de 1993, que permite la construcción de estos galpones en los terrenos de éstas colonias para que los internos cumplan labores agropecuarias; la construcción de estos denominados campamentos no son la solución a la grave situación de hacinamiento y en cambio empeoran las condiciones de reclusión de los prisioneros, toda vez, que esta improvisación nada dice de áreas en las que se presta atención y servicio médico, de las baterías sanitarias y espacios para las visitas familiares e intimas de pareja, todo esto riñe con la dignidad humana.
Esta emergencia carcelaria sin duda, arrojara otro carrusel de la contratación. Pues quien no conoce un escándalo diario de corrupción al interior del INPEC, instituto desprestigiado y podrido como cloaca de mafiosos que se mantiene pese a los escándalos.
Lo que los presos de Colombia proponemos, es la declaratoria del Estado de EMERGENCIA SOCIAL CARCELARIA, articulo 215 de la Constitución Nacional en concordancia con el artículo 2 de la carta política y en el que planteamos; la prisión domiciliaria para los delitos menores y reclusos próximos a recobrar su libertad. Libertad para los ansíanos y enfermos terminales, regionalización de los presos y humanización de las políticas penitenciarias.
Hemos dicho los presos hasta la saciedad, que la solución al problema de hacinamiento no es la de construir cárceles. Pero vemos con enorme preocupación como el gobierno nacional se empeña en crear mayor infraestructura para depositar personas en condiciones inhumanas, sin embargo la política criminal penitenciaria no actúa en lo social, pues se empeña en generar mayor crisis para posteriormente sustentar la necesidad de privatizar, pues al crear esta figura se promueve la constitución de sociedades de economía mixta y la participación de la empresa privada.
Los presos declaramos:
1. Que no compartimos ni estamos de acuerdo con la declaratoria del estado de EMERGENCIA CARCELARIA adoptada por el gobierno nacional, en el que se faculta al director general del INPEC para que disponga de la administración directa de 280 mil millones de pesos con los que se proponen la construcción de campamentos en las extensiones de terrenos de las denominadas colonias agrícolas, infraestructura proporcional para someter en prisión a cerca de 17.500 reclusos en condiciones degradantes.
2. Proponemos la declaratoria del estado EMERGENCIA SOCIAL CARCELARIA, el cual permite conceder la prisión domiciliaria para quienes cometen delitos menores, otorgar la libertad a los prisioneros que padecen de grave enfermedad diagnosticada y ansíanos, regionalización de los presos, humanización en las políticas penitenciarias y rebaja de un 20% en las penas.
3. Hacemos un llamado urgente y alertamos a la comunidad nacional e internacional, de los graves problemas de hacinamiento que están empeorando diariamente nuestra condición de reclusión.
4. Advertimos que la emergencia carcelaria que se declaró, traerá serios problemas de corrupción y así se engendra otro carrusel de la contratación, liderado de manera directa por GUSTAVO ADOLFO RICAURTE, director general del INPEC y su concejo directivo quienes administraran y adjudicaran de manera directa, la nada responsable suma de 280 mil millones de pesos, sin la participación de veedurías que ejerzan intervención preventiva bajo controles de transparencia.
JUNIO 06 DE 2013
MOVIMIENTO SOCIAL CARCELARIO
PRESOS PALOGORDO GIRÓN - SANTANDER
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