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Tomada de El Espectador
La petición la elevaron el Comité de Solidaridad de Presos Políticos y el senador Iván Cepeda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De otro lado, en una carta dirigida al gobierno, la comunidad académica cuestionó por insuficiente el decreto 546 de 2020 que busca descongestionar las cárceles.
En las cárceles colombianas, las condiciones de salubridad y el hacinamiento agravan el panorama ante el brote de covid-19. Solo en la cárcel de Villavicencio, la primera en confirmar casos positivos, el hacinamiento asciende al 99% y la situación no es diferente en los 138 penales que hay en el país. Y aunque el pasado 14 de abril el Gobierno expidió el decreto que, en principio beneficiaría con la casa por cárcel a cerca de 4.000 reclusos que sean mayores de 60 años y que tengan enfermedades críticas, este ha sido cuestionado por insuficiente. Así lo hicieron académicos y congresistas que decidieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El senador Iván Cepeda y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –CSPP, radicaron una solicitud de medidas cautelares ante la CIDH en favor de las personas privadas de la libertad de 10 centros penitenciarios y carcelarios de Colombia cuestionando que solo busquen beneficiar a 4.000 personas cuando en las cárceles hay un hacinamiento superior al 49%, es decir, un sobrecupo de 39.000 personas. Además, según cifras del Ministerio de Justicia (que fueron enviadas a la Corte Constitucional y publicadas por este diario) en las cárceles hay 16.252 personas en alto riesgo.
Se trata de 5.272 adultos mayores de 60 años, entre estos, 982 mayores de 70 años; 88 madres gestantes; 4.468 personas con patología mental; 754 con VIH-SIDA; 22 con cáncer, 22 personas; 1.307 con diabetes mellitus y 4.354 personas con hipertensión arterial. La solicitud muestra la situación de 45 personas que, por su estado de salud y las condiciones dentro de los centros carcelarios, se encuentran en grave riesgo de contraer el virus que ya cobró la vida de tres internos. En ese sentido, la petición a la CIDH hace 14 peticiones y busca que se reevalúen las medidas del decreto 546 de 2020 y que fortalezcan las capacidades operativas del Inpec y sus oficinas jurídicas.
En una carta dirigida al Gobierno, 49 docentes e investigadores en derecho penal de distintas instituciones educativas, hicieron un llamado de atención sobre el decreto al considerar que con este no se soluciona la urgencia por descongestionar las cárceles ante el brote de COVID-19, que hasta el momento compromete a tres centros carcelarios del país. Además de los casos de Villavicencio, donde hay siete guardias enfermos, hay dos en La Picota y hay temor en la cárcel de Florencia que confirmó su primer caso, debido a que el interno -que llegó trasladado desde Villavicencio- permaneció asintomático desde el 2 de abril.
Los académicos se declararon indignados por las medidas que ha tomado el gobierno para proteger a la población carcelaria y calificaron sus acciones como una “pantomima” y un “sórdido espectáculo”, al estimar que no se trata de una real preocupación por estas personas: “El texto describe con suficientes razones la gravedad de las circunstancias y enumera los derechos humanos que se encuentran amenazados (…) Después de todo este discurso, es inaceptable que el Decreto termine por vincular tantas excepciones para acceder a la reclusión domiciliaria, que lo hacen inútil e ineficaz para el propósito que lo informa”.
La razón de esta afirmación es que el decreto no cobija a quienes han sido condenados por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, delitos contra niños (especialmente de índole sexual), por actos de corrupción o quienes se hayan acogido a procesos de paz. En general, son más de 70 las conductas que quedaron excluidas de la posibilidad de excarcelación. Según los expertos, estas exclusiones “son ilegítimas, porque los derechos a la vida y a la salud no puedan ser afectados ni puestos en peligro por el Estado”.
Además, los académicos mencionaron que “obligar a cualquier persona a encarar el peligro para la vida, real y cierto, en las condiciones actuales, significa someterla a situaciones equiparables a una pena de muerte”. En la carta de los profesores, así como en la petición de medidas cautelares, se solicita al Gobierno establecer protocolos urgentes “reales y serios” que incluyan a todo el personal carcelario. La comunidad docente aprovechó el manifiesto para hacerle un llamado a la sociedad civil para respaldar sus requerimientos y para que también vele por los derechos de la población privada de la libertad.
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