Evento
Por Equipo Jurídico Pueblos
(Bogotá abril 18 de 2013)
Hoy en Colombia 115.780 personas se encuentran privadas de la libertad; 107.056 hombres y 8.724 mujeres, recluidos en 142 establecimientos penitenciarios a nivel nacional; de ellos 35.338 se encuentran aún sindicados de los cuales 1684 lo han estado por más de 36 meses. El índice de hacinamiento, de acuerdo con las cifras oficiales, alcanza a más del 50%; la mayoría de los presos pertenecen a sectores pobres de la sociedad criminalizados por atentar contra la propiedad privada.
La salida estatal es construir nuevos Establecimientos llamados mega-cárceles según el anuncio de la señora ministra de Justicia Ruth Stella Correa Palacios; la construcción de seis nuevas mega-cárceles, permitiría contar con 26 mil nuevos cupos adicionales, para lo que se destinarían $1.5 billones para construirlas con capacidad para 4.500 reclusos cada una, en lugares como Girón, Popayán, la Costa Atlántica y el Eje Cafetero, entre otras regiones, buscando lugares deshabitados, donde no exista señal de celular y los gendarmes se comunicarían con telefonía satelital.
En el artículo 26 de la reforma contempla que cuando no sea suficiente el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, se acudirá a la contratación de vigilancia privada, se viola el principio de responsabilidad estatal sobre la privación de la libertad y la custodia de los presos, las cuales no se le pueden confiar a particulares.
A la par que se endurecen las penas y se crean más delitos; con la propuesta de reforma al código penitenciario se pretende la privatización de las cárceles, la profundización de la crisis al trasladar a los municipios la construcción de centros carcelarios para sindicados y aumentar las facultades al Inpec para declarar la emergencia carcelaria y adoptar medidas coercitivas contra los presos que exigen sus derechos, tal como lo contempla el artículo 81 de la cuestionada reforma.
Estas cifras y medidas, aunque alarmantes, no son el reflejo de una contundente respuesta judicial a la impunidad en crímenes de lesa humanidad, al punto que el número de asegurados preventivamente y condenados por punibles de alto impacto social como la desaparición forzada (369), desplazamiento forzado (364), tortura (158), tortura en persona protegida (21), no suman más del 1,2% de la población reclusa.
Las condiciones de reclusión para el común de las personas privadas de la libertad ha despertado la inconformidad de miles dentro y fuera de las prisiones: En los últimos cinco años 500 internos han muerto dentro de las cárceles; hoy se puede decir que la crisis del sistema de salud para las personas privadas de la libertad es irreversible pues se han profundizado problemas tales como la deficiente atención médica general y especializada, la falta de suministro de medicamentos y práctica de exámenes diagnósticos, lo cual se agrava ante un inexistente programa de prevención y detección temprana de enfermedades.
El artículo 55 de la Reforma no soluciona la necesidad que tienen los reclusos de un régimen especial, acorde con situación especial, riegos y morbilidad, pues no entrega las herramientas a través de las cuales los internos pueden hacer efectivo el derecho de acceso a la salud.
Por su parte, otros problemas endémicos del sistema penitenciario se exacerban: La corrupción, el cacicazgo, la violencia intracarcelaria, las violaciones a los derechos humanos, el silenciamiento, la represión encubierta, son el pan de cada día que sumerge a la población reclusa en un permanente estado de sumisión que atenta contra la dignidad humana. Sus familias, sufren igualmente la implementación de una política carcelaria en la que prima la restricción de los derechos sobre la garantía y respeto de los mismos, que se traduce en la desintegración de miles de núcleos familiares, abusos de autoridad de la guardia generalmente contra mujeres y niños visitantes, la limitación del derecho a la visita a través de medidas como el pico y placa, entre otras expresiones.
Dentro de esta población carcelaria, sobreviven los Presos Políticos, hombres y mujeres privados de su libertad en unos casos por ejercer el derecho a disentir, protestar, por su liderazgo social o por defender los derechos de los pueblos; en otros, por alzarse en armas contra el status quo o simplemente por vivir en zonas de control rebelde. Los Presos Políticos por años desde las cárceles colombianas han exigido su reconocimiento como sujetos históricos y han luchado por la dignificación de las condiciones de vida de toda la población reclusa, por tanto, están legitimados para que en todo proceso de Paz se aborde su problemática desde el reconocimiento del delito político, que no es más, que el reconocimiento de las causas socio-económicas del conflicto colombiano.
Sin duda, todo ello debe cambiar y resulta evidente que la propuesta gubernamental no consulta con las necesidades y expectativas de la población afectada directa e indirectamente con la problemática en las cárceles y penitenciarías del país. Es necesario que quienes conocemos esta realidad avancemos en la construcción una propuesta colectiva y aumentemos nuestra capacidad de denuncia y exigencia ante las instancias estatales. Por esta razón, hacemos un llamado amplio a fortalecer los movimientos que brotan desde el interior de las cárceles y aquellos que se han forjado desde sus familiares y amigos, por la libertad y la dignidad de todas las personas privadas de la libertad.
Convocamos al Plantón “La paz también pasa por la libertad de los Presos Políticos” que se llevará a cabo el 18 de abril de 2013 en la ciudad de Bogotá, como la primera de una serie de actividades organizadas a través de las cuales se busca la libertad inmediata de los presos políticos que padecen enfermedades graves, la exigencia de una política criminal en la que prime el derecho a la libertad como regla general y el respeto de la Dignidad humana de la población reclusa y finalmente el apoyo solidario al movimiento carcelario que se gesta desde los presos, sus familiares y amigos.
Convocan:
-ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PRESOS EN COLOMBIA.
Apoyan:
- FCSPP
- Campaña Nacional contra las detenciones arbitrarias.
- Equipo Jurídico Pueblos –EJP-
- USO
- ASOINCA
- Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra.
- COSPACC
- Fundación de Territorios por Vida Digna.
- Congreso de los Pueblos.
Por Equipo Jurídico Pueblos
(Bogotá abril 18 de 2013)
Hoy en Colombia 115.780 personas se encuentran privadas de la libertad; 107.056 hombres y 8.724 mujeres, recluidos en 142 establecimientos penitenciarios a nivel nacional; de ellos 35.338 se encuentran aún sindicados de los cuales 1684 lo han estado por más de 36 meses. El índice de hacinamiento, de acuerdo con las cifras oficiales, alcanza a más del 50%; la mayoría de los presos pertenecen a sectores pobres de la sociedad criminalizados por atentar contra la propiedad privada.
La salida estatal es construir nuevos Establecimientos llamados mega-cárceles según el anuncio de la señora ministra de Justicia Ruth Stella Correa Palacios; la construcción de seis nuevas mega-cárceles, permitiría contar con 26 mil nuevos cupos adicionales, para lo que se destinarían $1.5 billones para construirlas con capacidad para 4.500 reclusos cada una, en lugares como Girón, Popayán, la Costa Atlántica y el Eje Cafetero, entre otras regiones, buscando lugares deshabitados, donde no exista señal de celular y los gendarmes se comunicarían con telefonía satelital.
En el artículo 26 de la reforma contempla que cuando no sea suficiente el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, se acudirá a la contratación de vigilancia privada, se viola el principio de responsabilidad estatal sobre la privación de la libertad y la custodia de los presos, las cuales no se le pueden confiar a particulares.
A la par que se endurecen las penas y se crean más delitos; con la propuesta de reforma al código penitenciario se pretende la privatización de las cárceles, la profundización de la crisis al trasladar a los municipios la construcción de centros carcelarios para sindicados y aumentar las facultades al Inpec para declarar la emergencia carcelaria y adoptar medidas coercitivas contra los presos que exigen sus derechos, tal como lo contempla el artículo 81 de la cuestionada reforma.
Estas cifras y medidas, aunque alarmantes, no son el reflejo de una contundente respuesta judicial a la impunidad en crímenes de lesa humanidad, al punto que el número de asegurados preventivamente y condenados por punibles de alto impacto social como la desaparición forzada (369), desplazamiento forzado (364), tortura (158), tortura en persona protegida (21), no suman más del 1,2% de la población reclusa.
Las condiciones de reclusión para el común de las personas privadas de la libertad ha despertado la inconformidad de miles dentro y fuera de las prisiones: En los últimos cinco años 500 internos han muerto dentro de las cárceles; hoy se puede decir que la crisis del sistema de salud para las personas privadas de la libertad es irreversible pues se han profundizado problemas tales como la deficiente atención médica general y especializada, la falta de suministro de medicamentos y práctica de exámenes diagnósticos, lo cual se agrava ante un inexistente programa de prevención y detección temprana de enfermedades.
El artículo 55 de la Reforma no soluciona la necesidad que tienen los reclusos de un régimen especial, acorde con situación especial, riegos y morbilidad, pues no entrega las herramientas a través de las cuales los internos pueden hacer efectivo el derecho de acceso a la salud.
Por su parte, otros problemas endémicos del sistema penitenciario se exacerban: La corrupción, el cacicazgo, la violencia intracarcelaria, las violaciones a los derechos humanos, el silenciamiento, la represión encubierta, son el pan de cada día que sumerge a la población reclusa en un permanente estado de sumisión que atenta contra la dignidad humana. Sus familias, sufren igualmente la implementación de una política carcelaria en la que prima la restricción de los derechos sobre la garantía y respeto de los mismos, que se traduce en la desintegración de miles de núcleos familiares, abusos de autoridad de la guardia generalmente contra mujeres y niños visitantes, la limitación del derecho a la visita a través de medidas como el pico y placa, entre otras expresiones.
Dentro de esta población carcelaria, sobreviven los Presos Políticos, hombres y mujeres privados de su libertad en unos casos por ejercer el derecho a disentir, protestar, por su liderazgo social o por defender los derechos de los pueblos; en otros, por alzarse en armas contra el status quo o simplemente por vivir en zonas de control rebelde. Los Presos Políticos por años desde las cárceles colombianas han exigido su reconocimiento como sujetos históricos y han luchado por la dignificación de las condiciones de vida de toda la población reclusa, por tanto, están legitimados para que en todo proceso de Paz se aborde su problemática desde el reconocimiento del delito político, que no es más, que el reconocimiento de las causas socio-económicas del conflicto colombiano.
Sin duda, todo ello debe cambiar y resulta evidente que la propuesta gubernamental no consulta con las necesidades y expectativas de la población afectada directa e indirectamente con la problemática en las cárceles y penitenciarías del país. Es necesario que quienes conocemos esta realidad avancemos en la construcción una propuesta colectiva y aumentemos nuestra capacidad de denuncia y exigencia ante las instancias estatales. Por esta razón, hacemos un llamado amplio a fortalecer los movimientos que brotan desde el interior de las cárceles y aquellos que se han forjado desde sus familiares y amigos, por la libertad y la dignidad de todas las personas privadas de la libertad.
Convocamos al Plantón “La paz también pasa por la libertad de los Presos Políticos” que se llevará a cabo el 18 de abril de 2013 en la ciudad de Bogotá, como la primera de una serie de actividades organizadas a través de las cuales se busca la libertad inmediata de los presos políticos que padecen enfermedades graves, la exigencia de una política criminal en la que prime el derecho a la libertad como regla general y el respeto de la Dignidad humana de la población reclusa y finalmente el apoyo solidario al movimiento carcelario que se gesta desde los presos, sus familiares y amigos.
Convocan:
-ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PRESOS EN COLOMBIA.
Apoyan:
- FCSPP
- Campaña Nacional contra las detenciones arbitrarias.
- Equipo Jurídico Pueblos –EJP-
- USO
- ASOINCA
- Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra.
- COSPACC
- Fundación de Territorios por Vida Digna.
- Congreso de los Pueblos.
Comentarios
Publicar un comentario