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«Desde octubre, los presos enfermos de cáncer de Palogordo no van al oncólogo»



Entrevista
Por Ainara LERTXUNDI
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Leonardo Jaimes
Abogado de presos políticos y de guerra
Leonardo Jaimes, abogado de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, es testigo casi a diario de las consecuencias del actual sistema carcelario colombiano. Obligado a llevar protección después de que un sicario le revelase que tenía orden de matarlo, asegura que seguirá visitando las cárceles y denunciándolo, «sin importar que nuestras vidas corran riesgos».

¿Cuáles son los puntos negros del mapa carcelario?

Son varios. El más visible es el hacinamiento. Los 144 centros penitenciarios existentes en el país están diseñados para alojar a 75.620 internos. Pero, en este momento, 2012 terminó con 113.884 personas privadas de libertad. Este nivel de hacinamiento cambia de una cárcel a otra. En algunas, como en la cárcel Modelo de Bogotá, es casi del 300%. El segundo problema al que nos enfrentamos es la precaria atención sanitaria a los presos. No existe un mecanismo que permita atender de manera fácil y ágil la salud de los 115.000 presos. Según cifras del mismo Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el ente encargado de la vigilancia en las cárceles, en los últimos dos años han muerto 500 presos, la mayoría de ellos por falta de atención médica. Nosotros tenemos el registro de un preso político, un combatiente de una fuerza rebelde que murió en total abandono el 8 de enero de 2011. A los presos se les diagnostica cáncer de manera muy tardía y cuando van a actuar ya es demasiado tarde.
Para que, por ejemplo, un preso enfermo de cáncer de colon -tenemos varios casos en Palogordo- reciba tratamiento de quimioterapia o radioterapia, sus compañeros deben hacer una jornada de protesta. Es absurdo que en un Estado social y de derecho ocurra eso. Desde octubre, los presos enfermos de cáncer de Palogordo no han sido remitidos al oncólogo ni al médico especialista. Otro punto negro lo constituyen las agresiones contra la población privada de libertad por parte del INPEC. Son permanentes las denuncias de torturas, de tratos crueles e inhumanos. Podría hablar también de las condiciones, sumamente preocupantes, en las que están las mujeres. Se les limita el derecho a asociación y están sometidas a una fuerte presión sicológica. Viven bajo la amenaza de ser trasladadas a prisiones lejanas si realizan protestas, con lo que no podrían ver a sus hijos.
En este breve diagnóstico, quisiera resaltar que existe un problema de fondo y estructural que no es otro que la política criminal de Estado, que ha impuesto leyes como la Ley de Seguridad Ciudadana para reprimir las movilizaciones sociales. Por el mero hecho de ocupar una calle en protesta por la implementación de megaproyectos o por la presencia de las multinacionales que se apropian de los recursos naturales del país, una persona está violando Ley Penal y es conducida a un centro penitenciario.
Tenemos el ejemplo de una persona condenada hace poco a seis años de prisión por apropiarse de seis paquetes de caldo en un supermercado de una gran superficie. Y, por contra, también tenemos al paramilitar conocido como «El Iguano», que, en virtud de la Ley Justicia y Paz, solo puede ser condenado a un máximo de ocho años pese a haber confesado 3.500 homicidios.
Es esta política la que está generando que la población carcelaria crezca en 1.500 internos mensuales, lo que equivale a 15.000 personas privadas de la libertad en un año. Dicho de otra manera, se tendrían que construir más o menos cinco cárceles al año. Pero, obviamente, la solución no es construir nuevas megacárceles con capacidad para hasta 20.000 presos, como pretende el Gobierno de Juan Manuel Santos. La mayoría, casi el 70%, están presos por el delito de hurto y, según datos del propio INPEC, el 75% de la población carcelaria proviene de clases bajas, mientras que la gran criminalidad, como el paramilitarismo, no se ataca. Son muy pocos los encarcelados por los escándalos de la parapolítica, que, además, están en cárceles especiales y muy bien dotadas.
El tema carcelario refleja la cruda realidad que está viviendo Colombia. En este momento, en las cárceles existe una crisis, una bomba de relojería.
De todas las denuncias, sobresale el nombre de la Tramacúa, situada en Valledupar, en el norte de Colombia. ¿Qué representa esta prisión?

Es un lugar de tortura. A los presos de cualquier otra prisión se les condiciona, se le asusta diciéndoles que si presenta una denuncia o secunda una protesta pacífica, será trasladado a la Tramacúa. Como Comité de Solidaridad con los Presos Políticos Equipo Jurídico, hemos verificado de manera permanente la situación de esta cárcel situada a las afueras de Valledúpar, en una zona controlada por el paramilitarismo. Una vez que traspasas los muros de la cárcel, la Constitución, las leyes y el derecho internacional humanitario dejan de existir. La Tramacúa funciona como una república independiente en la que los derechos de las personas son conculcados de manera permanente por parte de funcionarios del Estado. Las golpizas son habituales. Y salvo alguna excepción, no ha habido sanciones ejemplarizantes contra esos funcionarios.
La temperatura supera los 46 grados centígrados. Pese a ese calor infernal, solo tienen unos minutos de agua al día.
¿Han influido en algo los diálogos de La Habana?

Las conversaciones entre la insurgencia y el Gobierno en La Habana no se han traducido hasta el momento en gestos en cuanto a la situación en las cárceles. La cuestión de los presos políticos y de guerra, contra quienes el Estado aplica medidas excepcionales, debería haberse planteado de manera clara y expresa en La Habana. En simple aplicación del Derecho Internacional, el Gobierno debería excarcelar de manera inmediata a aquellos presos políticos con enfermedades graves y permitirles, al menos, morir con sus familias o en su casa.
¿Qué medidas se deberían de adoptar de forma urgente?

Se debe revisar con carácter de urgencia la legislación creada durante el Gobierno de Álvaro Uribe con respecto al incremento de penas y a la adopción de nuevos tipos penales, y la creencia histórica del poder político de que la solución a las diferencias sociales y a la pobreza se soluciona creando nuevos delitos y enviando a los pobres a las cárceles. El Gobierno debe permitir la visita de comisiones internacionales o mixtas para verificar la situación en cada una de las cárceles. Es lo mínimo.



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