El plan de la Corte contra el hacinamiento carcelario

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Por El Espectador

Ordenó la creación de 'brigadas jurídicas' para tramitar la mayor cantidad de solicitudes de libertad posibles y tratar así de deshacinar estos seis penales.

 Desde abril de 1998 la Corte Constitucional ha venido alertando sobre la crisis del sistema penitenciario por cuenta del hacinamiento y las malas condiciones en las que viven –sobreviven, mejor– los reclusos en Colombia. Han pasado cuatro presidentes pero el estado del sistema carcelario no mejora. Por ello el alto tribunal acaba de emitir una sentencia en la que establece varias directrices para un plan contra el hacinamiento que ha de quedar en cabeza del Ministerio de Justicia.

El alto tribunal señala, entre otras, que para evitar que el hacinamiento crezca, y mientras no se disponga de una medida mejor,  va a ser necesario acudir a la regla del “equilibrio decreciente”. Mejor dicho: que a los centros penitenciarios con el mayor hacinamiento solo se va a permitir la entrada de la misma cantidad de personas que haya salido del lugar la semana anterior para que la cifra de recluidos y dejados en libertad sea igual. 

De la misma forma, se le ordena al Ministerio de Justicia y al Inpec que convoquen al Consejo Superior de Política Criminal y que este analice la posibilidad de nuevas medidas o de profundizar en las ya existentes para superar el estado de cosas inconstitucional e, igualmente, para precisar cómo se va a poner en práctica la ya mencionada regla del equilibrio decreciente en los centros penitenciarios del país, sobre todo, en las cárceles de Cúcuta, Barrancabermeja, Tramacúa de Valledupar, Modelo de Bogotá, Bellavista de Medellín y San Isidro de Popayán. 

Estos seis centros penitenciarios, de acuerdo con la Corte, sufren de varios problemas tanto estructurales como de prestación de los servicios básicos, necesarios para la supervivencia de los reclusos. Falencias que, de no ser subsanadas en por lo menos tres años, van a obligar al cierre de estos centros penitenciarios. 

El alto tribunal sostiene que debe ser el gobierno, por medio del Ministerio de Hacienda, el encargado de asegurar los recursos para el cumplimiento de estas órdenes. Igualmente, en el fallo se establece que el Ministerio de Justicia, junto con el Inpec y los directores de estas seis cárceles, deberán crear unas, por así decirlo, brigadas jurídicas que permita a las autoridades judiciales correspondientes tomar las decisiones necesarias para conceder la mayor cantidad de solicitudes de libertad que sean posibles y legales. Esto en un plazo no mayor a tres meses. 

El gobierno ha propuesto varias medidas al respecto y ha dicho que el hacinamiento ha bajado. En entrevista con este diario a inicios de año, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, dijo que “del 2014 al 2018 está prevista la construcción de 18 mil nuevos cupos carcelarios, bien sea construcciones nuevas, rehabilitación de cupos carcelarios o ampliaciones de centros penitenciarios. Y estamos trabajando en la consecución de 12 mil cupos carcelarios adicionales. Eso debería darnos al final de este cuatrenio unos 30 mil cupos nuevos frente a un hacinamiento que ronda los 35 mil cupos. Es decir, si nosotros logramos construir esos 30 mil cupos carcelarios en estos cuatro años, logramos racionalizar la detención preventiva y logramos frenar la sobreproducción de leyes que impactan el Código Penal muy probablemente tendremos o un hacinamiento muy reducido a finales de 2018 o incluso un hacinamiento inexistente”.

Esto no quita que mucho de lo denunciado por la Corte en 1998 sigue vigente. En ese año, el alto tribunal sostuvo que las “condiciones de vida en los penales colombianos vulneran evidentemente la dignidad de los penados y amenazan otros de sus derechos, tales como la vida y la integridad personal, su derecho  a la familia, etcétera. Nadie se atrevería a decir que los establecimientos de reclusión cumplen con la labor de resocialización que se les ha encomendado. Por lo contrario, la situación descrita anteriormente tiende más bien a confirmar el lugar común acerca de que las cárceles son escuelas del crimen, generadoras de ocio, violencia y corrupción”. 

Y agregó lapidaria: “La Corte es consciente de que el problema de las prisiones no se soluciona únicamente con dinero y construcciones. Todo parece indicar que en el país sigue primando una concepción carcelaria del derecho penal. Mientras esta concepción continúe imperando nunca habrá suficiente espacio en la prisiones”.