Húber Ballesteros: 'Tenemos que seguir luchando con dignidad desde donde estemos'

Entrevista

Por REMAP

Prensa Rural entrevistó en la cárcel de La Picota al líder campesino, sindical y político Huber Ballesteros, quien fue detenido el 25 de agosto, en pleno paro agrario nacional, bajo acusaciones de rebelión y financiación al terrorismo. Ballesteros nos explica su situación y la de los miles de presos políticos en las cárceles colombianas.

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—¿Qué es un preso político?

—En el país hay diferentes personas que entramos dentro de esa caracterización. Están los combatientes del movimiento insurgente que, indudablemente, además de ser prisioneros de guerra son presos políticos en tanto que su lucha es una lucha política que desarrollan a través de la vía armada.

Hay otras personas que se denominan presos políticos de conciencia, entre quienes se encuentran dirigentes sindicales, agrarios y sociales, defensores de derechos humanos, periodistas, que aunque nos encontramos en la cárcel, acusados de delitos como el de rebelión, nunca hemos utilizado las armas contra el Estado, aunque sí somos opositores políticos del Estado, y esa es la razón por la cual se nos mete a la cárcel.

Un preso político es una persona que se opone al sistema, algunos a través de la vía armada, y otros a través de mecanismos civiles, legales, pero que este sistema “democrático” tampoco soporta.

—¿Cuál es la diferencia entre un preso político y un preso social?

—Bueno, la barrera, realmente, es demasiado delgada, porque en un país como el nuestro, tan falto de oportunidades, con un gobierno apátrida, antidemocrático, que legisla a favor de una ínfima minoría, uno podría decir que todos los delitos que se cometen en el país por parte de personas que no tienen oportunidades de empleo, de estudio, que no tienen ninguna oportunidad por la vía legal de construir una familia y un patrimonio, son delitos que tienen un origen en lo social y en lo político.

—¿Cuántos presos políticos hay en el país?

—No puedo dar una cifra exacta. Sé que, en total, la población carcelaria del país está cercana a los 130 mil, y de eso un porcentaje que desconozco realmente somos presos políticos. Podríamos ser por ahí el 10% del total.

—¿Cuáles son las condiciones jurídicas para un preso político en el país?

—Nosotros tenemos una dificultad adicional y es que, en tanto nuestros procesos tienen un origen político, hay una presión desde el Establecimiento hacia jueces y fiscales para que no se nos brinden las garantías procesales que tiene establecido el régimen jurídico colombiano.

Siempre nos sindican de delitos que no tienen rebaja de penas. Es muy difícil acceder a una prisión domiciliaria, a un permiso de 72 horas, o incluso a una pena que se pueda cumplir mediante presentaciones o cauciones que les permitan mantenerse en libertad.

Obviamente, los presos políticos, en cuanto no se nos permite desarrollar nuestra actividades y se nos dificulta el contacto con la organización a la que pertenecemos, podríamos decir que tenemos una doble pena que no obra para otro tipo de delitos.

—¿Cuáles son las condiciones humanitarias en la cárcel La Picota?

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—Yo acabo de escribir un artículo que he titulado “La privatización de la Justicia y la mercantilización de las prisiones”, donde menciono que desafortunadamente, el sistema penal acusatorio y el aumento de las penas, la privatización de muchos de los servicios de las prisiones, por ejemplo su construcción a partir de convenios con el Buró de Prisiones de los Estados Unidos, y la manera como aquí la salud, las supuestas dotaciones, la alimentación, y los expendios que están al interior de la cárcel, son contratados con empresas privadas.

El capitalismo en su crisis busca intervenir en todas las esferas de la sociedad, y ni siquiera las prisiones y la población carcelaria nos hemos escapado de eso. Nos han convertido en una mercancía, en clientes, en un negocio. Y eso hace que la corrupción a todos los niveles en el sistema penitenciario y carcelario nacional, sea muy grande, a nivel de cuerpo de guardia, de administrativos, de personas que hacen contratos de proveeduría con las cárceles.

La dignidad del ser humano desaparece y se vuelve una cifra, un número que es necesario mantener e incluso aumentar para que los negocios privados fluyan con una clientela más o menos permanente. De allí se desprende que la situación es muy difícil.

Aquí pasa un año o año y medio para que a una persona le hagan un examen médico. Ni qué decir de una cirugía. Ni qué decir de los permisos de 72 horas que casi nunca los conceden, mucho menos los traslados por razones de reunificación familiar. Todo eso está expuesto en el régimen legal colombiano y en los derechos humanos como derechos de los internos que no los perdemos por la razón de haber sido privados de la libertad, pero eso aquí no se cumple.

Hay muchas dificultades aquí pero no son sólo para los presos políticos, sino para todos los 130 mil presos que hay en las cárceles.

—Compañero Húber, ¿cómo va su proceso?

—Yo estoy tranquilo con lo del proceso porque tengo 20 años de vida sindical, de ser dirigente agrario, de ser un hombre público, he sido funcionario público, y mi acción política siempre ha sido como opositor al régimen, al lado de los pobres, militando en la izquierda.

Los testigos de oficio que tienen la fiscalía y la inteligencia militar y de policía, son plenamente conocidos: “Olivo Saldaña” y compañía, que es un hombre absolutamente descompuesto, que lo tienen la inteligencia militar y la fiscalía para servir de testigo contra cualquier persona que ellos quieran involucrar en un proceso penal. No son testigos que a mí me preocupen.

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La otra acusación, de financiación del terrorismo, es un absurdo, porque yo nunca he sido tesorero de ninguna de las organizaciones en que he estado. Los recursos que allí se mencionan efectivamente son de la cooperación internacional, de gobiernos y de ONG, y de contratos, incluso, con ministerios y con el gobierno nacional, que han sido ejecutados debidamente, que están soportados en los informes técnicos y financieros que se han entregado a las entidades y a las ONG que han sido financiadoras, de tal manera que a mí eso me tiene absolutamente tranquilo.

Y lo de los computadores es un refrito que ya nadie lo cree. Nadie cree que esos computadores, después de bombardeos van a aparecer intactos y además empiecen, cada que la fiscalía necesita, a brotar de ellos, como de una caja de Pandora, todas las pruebas que ellos necesitan para afianzar sus montajes judiciales o sus falsos positivos judiciales.

Mi actuación, en mi vida pública, como dirigente agrario, como dirigente sindical y militante de la izquierda, ha sido siempre de cara al país, a la luz pública. Y yo nunca me he escondido para hacer críticas y ser opositor al régimen.

—¿Podría dar un saludo a todos los presos políticos y sociales que hay en el país?

—A todos los compañeros que se encuentran en igual condición a la que yo estoy, desde la cárcel La Picota, desde el ERON construido por el Buró de Prisiones de los Estados Unidos, sólo quiero decirles que la lucha por el bienestar del pueblo, por la justicia social y la paz, no tiene que avergonzar a ningún luchador popular y que, aunque el régimen nos tenga en estas condiciones, nosotros tenemos que seguir luchando con dignidad desde donde estemos.

Ahora, en las condiciones de preso político de conciencia, la lucha adquiere como prioridad el mejor estar de toda la población carcelaria. Hay que seguir exigiendo, desde cualquier condición de preso político o social en las cárceles del país, el respeto a los derechos humanos y el respeto a la dignidad humana que no perdemos por el hecho de estar encarcelados por ningún delito.

Y seguir para adelante, porque la lucha por una Colombia justa y en paz es una tarea que aún no culminamos.