Los presos políticos, primera aproximación con el análisis de tres casos

Análisis

Tomado de La Haine

Por José Ernesto Schulman

Miles de campesinos están presos por el único delito de no haber colaborado como el Ejército pretendía con delaciones o falsas acusaciones

Colombia es el país de América Latina con más presos políticos.Los organismos de derechos humanos hablan de unos nueve mil quinientos, pero el gobierno reconoce que bajo el delito de rebelión, o alguno de los delitos conexos, tiene preso a más de diez mil personas.

Es que la primera condición para pensar Colombia es dejar de lado los clichés conocidos por nosotros sobre las dictaduras argentinas o sudamericanas. Es que en Colombia sí que hubo y hay insurgencia armada por más de cincuenta años y eso ha generado varios escenarios simultáneos de la lucha de clases que provocan diversos tipos de enfrentamientos y diversos tipos de presos políticos. Aunque todos ellos lo están por oponerse al régimen de explotación y dominación capitalista que ha hecho de este enorme y rico país uno de los más injustos y violentos del continente.

De lejos, desde  la butaca de un avión como diría Silvio, se dice fácil “conflicto armado” pero deberíamos reconocer que no sabemos mucho del tema. En Colombia ha habido por años (ahora hay una tregua unilateral decretada por las FARC-EP) combates grandes y chicos, enfrentamientos cotidianos que deparan víctimas y prisioneros de guerra.

Cuando la guerrilla ha retenido esos prisioneros, ha sido acusada de “secuestradores” que violan los derechos humanos, como si los maquis franceses o los ejércitos aliados que enfrentaron al Ejército alemán de Hitler no retuvieran enormes cantidades de prisioneros de guerra en campos de prisioneros, especialmente diseñados para tal cometido.

De manera sistemática la guerrilla propuso canjear los prisioneros de guerra, como se estila en cualquier conflicto bélico, pero el Estado colombiano se opuso siempre y hasta atacó con bombas los campamentos donde los soldados del estado se encontraban retenidos para lucrar con su muerte.

Desde hace tiempo que las FARC-EP no retienen a ningún militar. El último que devolvió, sin recibir ninguna contraparte, fue un General que apareció en territorio guerrillero de bermudas y acompañado de su contadora personal (¿).

Pero el Ejército sí que retiene a los guerrilleros capturados, les abre causa individual como si no existiera conflicto social ni político ni armado alguno y los condena, generalmente por el delito de rebelión agravado por alguna de los delitos conexos como secuestro. Generalmente a la condena original se le suman otras, producto de falsas acusaciones de los “desertores” que por plata o por miedo pueden afirmar que llueve de abajo para arriba o que el espíritu de Marulanda fue el que voló las torres de New York. Lo que se les pida ellos dicen, y eso se considera prueba suficiente para condenar a los guerrilleros, o los acusados de guerrilleros, como veremos más adelante. Por este camino muchos combatientes terminan acumulando condenas de 25 o más años.

Durante muchos años los guerrilleros no contaban con asesoría jurídica suficiente, dado que bajo la dictadura de Uribe, tal acción se tornó casi suicida para los abogados y aún hoy lo que pueden hacer los abogados es muy poco. La causa se sustancia sin aviso al abogado que de repente es convocado a una audiencia pública y oral donde se entera de las acusaciones y de las supuestas pruebas en el acto mismo del juicio, por lo que su intervención es casi formal.

Muchos de ellos caen prisioneros con heridas de guerra o convalecientes de operaciones quirúrgicas realizadas por la medicina guerrillera, y son sometidos a las más infamantes condiciones de negación de servicios de medicina. Lo mismo pasa cuando contraen graves enfermedades como el Sida, diversos tipos de Cáncer o tuberculosis.

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Carlos Andrés Bustos Cortez decidió aprovechar la tregua unilateral de la Farc para salir a dar un paseo en diciembre del 2014. Llevaba consigo una pistola de calibre 22 (o sea que no llevaba su arma guerrillera) y fue atacado por una patrulla militar a balazos. Uno de ellos le atravesó el cuerpo desde la cintura hasta el cuello, destrozando diversos tejidos y afectando diversos órganos. Pero no fue todo. Cuando cayó al suelo los soldados lo patearon de un modo tan brutal que le destrozaron diversos huesos de modo tal que quedó en silla de ruedas. Ni siquiera se puede cambiar ni asear de manera autónoma, y solo la solidaridad de sus compañeros lo ha sostenido vivo, hasta ahora.

Está preso en la cárcel de Coiba Picaleña, cerca de Ibague, capital del Tolima, un departamento paradigmático para ambas partes porque en el Tolima está la vereda de Marquetalia donde Manuel Marulanda comenzó la resistencia campesina a principios de los sesenta (una vereda es un poblado campesino que no es pueblo puesto que las viviendas y huertas se encuentran alejadas unas de otras por algunos cientos de metros, en esas zona se cultiva café y por cierto dicen que es uno de los mejores de Colombia).

En la cárcel reciben agua dos veces al día por espacio de unos veinte minutos, en una zona donde generalmente hace unos treinta grados de temperatura o más; no tienen acceso al baño por lo que tienen que defecar y orinar en bolsas plásticas que tiran por detrás de un muro para no convivir con su propia mierda todo el día. Y tampoco tienen atención médica. El estado colombiano creó una especie de Empresa de Servicios Médicos para los internos, pero la empresa quebró por los robos de los funcionarios y hoy prácticamente no brinda servicio alguno.

Leyeron bien. Los presos colombianos, no solo los políticos casi no reciben atención médica alguna, aunque los que pueden se pagan una Prepaga médica y entonces luego de un engorroso trámite, son llevados a atención particular. Pero eso no corre para los guerrilleros cuya familia ha quedado muy lejos y la estigmatización hace que pocos se quieran comprometer de manera directa con ellos. En una reunión con familiares de presos políticos que mantuve en Ibague el día 11 de octubre, su hermano me confió que teme por su vida, a pesar de que mantiene el espíritu y la moral de combate en forma.

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En la misma reunión conocí a una mujer campesina, María Rubiela Rubio Gualteros, habitante de una vereda por donde pasaban los guerrilleros, el Ejército y los paramilitares. A todos atendía más o menos del mismo modo siguiendo una estrategia de sobrevivencia campesina muy extendida.

Si pedían agua o comida, les daba y trataba de no malquistarse con nadie. Pero un día, uno de sus hijos se fue para la guerrilla de las FARC-EP que en la zona tiene varias generaciones de campesinos en sus filas. Recuerden que estamos cerca de Marquetalia y hasta viejitos que pelearon con las primeras autodefensas campesinas previas a las FARC se encuentran todavía. Y entonces comenzó la persecución. El ejército llegaba a su casa disfrazado con el uniforme de las FARCy con un supuesto prisionero encapuchado pidiéndole ayuda en nombre de un comandante guerrillero de la zona. Ella los zamarreaba diciéndoles que no sean pendejos y que los conocía demasiado para que la engañen. Pero un día cayeron con una orden judicial de detención y la llevaron a ella y su compañero (que no es el padre de su hijo guerrillero) para la cárcel.

Ella pasó cuatro años y su compañero todavía está preso. La farsa judicial se consumó con un supuesto desertor que dijo haber escuchado que ella era colaboradora de la guerrilla. Por su parte, toda la vereda se ofreció a testimoniar la verdad, pero los jueces no quisieron escuchar su testimonio y bajo la figura de sospecha (leyeron bien, se condena no por convicción sino por sospecha) la condenaron a ocho años.

Cuando el guerrillero se enteró de la detención de su madre comenzó a buscar contacto con la familia y él también cayó preso, condenado como todos bajo el cargo de rebelión. En su caso, los vecinos se hicieron cargo de sus otros dos hijos, y la acompañaron todo el tiempo hasta que salió libre a los cuatro años. Pero el Ejército había entregado su finca y todas sus propiedades a los paramilitares de la zona. Ahora ella es una de las más animosas militantes de la Comisión de Familiares de Presos Políticos del Tolima, su compañero y su hijo siguen presos en las brutales condiciones que soportan todos los de la cárcel de Coiba Picaleña.

Establecer la cifra de presos políticos no es fácil en Colombia, este caso de “falso positivo jurídico” es muy repetido. Cientos y miles de campesinos están presos por el único delito de no haber colaborado como el Ejército pretendía con delaciones o falsas acusaciones. En realidad no es cierto que estén presos por no haber hecho nada, están presos porque han mantenido la dignidad campesina de no acusar en vano a sus vecinos. Pero aún hay otro tipo de presos, los acusados de favorecer con su prédica o su pensamiento a la insurgencia.

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Miguel Ángel Beltrán Villegas es docente universitario, investiga el conflicto social y armado en Colombia y por eso fue acusado de propaganda subversiva y encerrado por dos años  y deportado

El fiscal no tuvo empacho en decir que Miguel Ángel no usaba armas pero pensaba. Y que había que encerrarlo.

Miguel Ángel  se asiló en Argentina y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre fue una de las organizaciones que lo ayudó. Por su nivel académico consiguió un puesto en el Instituto Gino Germani de la Facultad de Sociales de la UBA y llegó a dirigir su revista Cuadernos de Marte.

Finalmente la “Justicia” Colombiana falló declarando su inocencia entre otras cosas, porque las pruebas eran inconsistencias ya que “habían perdido la cadena de custodia”.

Sin embargo mientras vivía en Argentina, en 2013 le fue aplicada una “sanción disciplinar” por la Procuraduría General de la Nación en cabeza de Alejandro Ordóñez (el mismo personaje que implementó la destitución y sanción a Piedad Córdoba) basada en el contenido de sus investigaciones y la “apología al terrorismo” que hacía a través de ellas.

La sanción apuntaba a su destitución como docente de la universidad nacional y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por más de 10 años que finalmente fue efectuada por el Rector de la UNAL.

No obstante, en diciembre de 2014 mientras preparaba la apelación sobre el mencionado caso y a escasos días de su presentación, el caso por el que estuvo detenido durante 2 años (entre 2009 y 2011), fue reabierto con orden de captura y condena a 100 meses de prisión,

Hoy está en un sector de la Cárcel Modelo que es de máxima seguridad, el ENRON; donde no puede leer ni escribir ni recibir visitas que no sean las familiares

De todo esto trató el Foro Nacional por los Presos Políticos Colombianos que en su instalación contó con la intervención de la ex Senadora Piedad Córdoba, del senador Iván Ruiz y del profesor Zuviría, intelectual marxista de talla, miembro de la Comisión de Verdad Histórica de la Mesa de Diálogos de La Habana. Pero el Foro exige una nota especial que nos permita algún tipo de sistematización de la problemática, central en el proceso de acuerdos hacia la paz.