Ir al contenido principal

Para los de ruana, la arbitrariedad y la injusticia: sobre los presos de La Marina (Tolima)


Análisis
Por José Antonio Gutiérrez D.
Tomado de Rebelión





El día 25 de enero debía celebrarse una nueva audiencia en el juicio contra los ocho dirigentes campesinos de La Marina acusados de “auxiliadores de la subversión”y de rebelión. Edwin Lugo Caballero, José Norbey Lugo Caballero, Arcesio Díaz, Aycardo Morales Guzmán, Saan Maceto Marín, Fredynel Chávez Marín, Alexander Guerrero Castañeda y Armando Montilla Rey (este último de Río Blanco), han sido acusados por falsos desmovilizados, testigos a sueldo de la red de cooperantes, como parte de la persecución que se vive en las zonas de consolidación militar contra toda forma de organización del pueblo. Su juicio se basa en el testimonio de una persona sin identificar. Se les persigue, en realidad, por su oposición al proyecto hidroeléctrico de ISAGEN en el Ambeima y por su defensa de los intereses de los campesinos en la Junta de Acción Comunal y en el sindicato agrario ASTRACATOL [1]. 

Para los campesinos es muy difícil conseguir dinero para transportarse y poder asistir en calidad de testigos para la defensa. La pobreza que sufren es terrible, el viaje es largo (unas seis horas, a veces más), es muy caro y significa perder a lo menos dos días de trabajo. Pese a estos sacrificios, y gracias a la solidaridad internacional de compañeros allegados a los medios alternativos de Rebelión y La Pluma, así como a la Marcha Patriótica, se juntaron fondos para apoyar a los campesinos para que pudieran asistir como testigos de la defensa. Sin embargo, ese día, la Fiscal Isabel Núñez Villalba, como si nada, decidió ausentarse y sencillamente no aparecerse al juicio –supuestamente por estar enferma, pero de esto los testigos se informaron el mismo día del juicio a las ocho de la mañana, cuando todos estaban allá.

De esta manera, no solamente se prolonga la agonía de nuestros compañeros encarcelados, sino que además, se consumen los escasos recursos con el que cuentan los campesinos para su defensa. ¿Quién se hace responsable de esto? Nos preguntamos si esto consiste en una estrategia de desgaste contra las familias de los acusados. 

Digamos, de paso, que mientras los campesinos son perseguidos y encarcelados injustamente, sin contar con recursos para defenderse y teniendo que incurrir en enormes sacrificios para probar su inocencia, los militares acusados de falsos positivos, de masacres y de violaciones sexuales contra niños, reciben su defensa gratuitamente por parte del Estado, gracias a los impuestos que pagan todos los colombianos, incluidas las víctimas de estos criminales uniformados. No sólo eso: mientras nuestros campesinos languidecen en mazmorras como Picaleña en Ibagué, donde sufren de malos tratos, de privaciones de agua y de atención médica, los militares implicados en crímenes de lesa humanidad disfrutan de sueldo, de movilidad, de prostitutas que los visitan, de traguito y fiestas en los cuarteles y centros de reclusión cinco estrellas (como el “Tolemaida Resort”)en los que cumplen sus penas. Todo esto financiado por los impuestos de los colombianos, incluidos aquellos que han perdido a sus hijos a manos de estos delincuentes.

Dice el conocido adagio colombiano que la ley es sólo para los de ruana. Pero es que ni siquiera ya se nota que hay ley, por injusta, por parcializada que ésta sea; lo que prima es la arbitrariedad más absoluta. La ley en las zonas de consolidación militar se ha convertido en el capricho de los oficiales del ejército quienes fungen de jueces y verdugos. 

Tendrán cárceles, tendrán medio millón de uniformados para imponer su “ley” y su “orden”,tendrán miles de paramilitares para imponer sus “leyes” no escritas, tendrán bolillos con los cuales intenten erradicar ideas, pero no tienen la razón. No la han tenido en estos 60 años de guerra contra el pueblo pobre, y no la tendrán en 60, ni en mil, ni en dos mil años más. Es la razón lo que nos da la fuerza para seguir luchando contra la injusticia; es la solidaridad lo que nos permitirá prevalecer sobre ella. Y es esa solidaridad la que necesitamos que se movilice para poder lograr que, en la nueva audiencia, que tendría que realizarse el día 14 de Febrero, podamos una vez más juntar fondos y lograr que esta vez si se escuche la voz de la defensa. Ya se les han arrebatado dos Navidades a estos padres junto a sus hijos. No permitamos que pasen otra más tras las rejas. Los queremos libres ya, libres para vivir, libres para amar, libres para organizar y para seguir luchando por una Colombia nueva.

[Para donaciones contactar a: Fundación Lazos de Dignidad, Banco Davivienda, Cuenta Número 009800160823, indicando que es para los presos de La Marina]


NOTAS:

[1] Para más detalles sobre el caso y sobre la situación en La Marina, Chaparral, ver artículo previo http://anarkismo.net/article/24716

(*) José Antonio Gutiérrez D. es militante libertario residente en Irlanda, donde participa en los movimientos de solidaridad con América Latina y Colombia, colaborador de la revista CEPA (Colombia) y El Ciudadano (Chile), así como del sitio web internacional www.anarkismo.net.  Autor de "Problemas e Possibilidades do Anarquismo" (en portugués, Faisca ed., 2011) y coordinador del libro "Orígenes Libertarios del Primero de Mayo en América Latina" (Quimantú ed. 2010).

Comentarios

Entradas populares de este blog

Prisioneros políticos denuncian atropellos del INPEC

Comunicado Por CAMPAMENTO LIBERTAD SIMÓN TRINIDAD ZONA VEREDAL MARIANA PAEZ MESETAS - META. Julio 18-2017


COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA
Los prisioneros políticos de las FARC-EP trasladados a la zona veredal de Mesetas / Meta, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional los permanentes atropellos cometidos por el INPEC hacia los prisioneros políticos de nuestra organización al igual que las permanentes negativas de los jueces de ejecución de penas y medidas para conceder las libertades estipuladas en la ley 1820 de 2016.
-------------------- El pasado sábado 15 de julio el sargento Montenegro del INPEC notificó en este campamento la resolución de libertad del compañero CONRADO OCHOA ROJAS, con c.c. 71001747 y fue trasladado a la cárcel de Acacias. Allí en vez de hacerle efectiva su libertad, lo esperaba un grupo de remisiones especiales CORE, que le manifestó que tenía otro requerimiento judicial y lo llevaban trasladado a la cárcel Picota de Bogotá. El camarada protesto por el at…

“Quiero bañarme en una piscina llena de sangre subversiva...”: Guardianes en las cárceles colombianas

NoticiaPor ANNCOL
Recientemente se denunció ante el mundo la muerte de 7 internos en solo un mes en ERON/Picota Bogota.


Para conocimiento de nuestros lectores y como insumos a los diálogos de La Habana. Esta pregunta a tener en cuenta en el punto de VICTIMAS: ¿El INPEC recibe su doctrina y academia en las instalaciones del ESMAD?
A la Opinión Pública
La comunidad carcelaria colombiana a través de distintas formas ha venido realizando una serie de denuncia ante la opinión pública, organismos de control, ONGs y comunidad internacional en general, sobre las continuas y sistemáticas violaciones a nuestros derechos fundamentales.
Decálogo de aberraciones inimaginables que Colombia y el mundo conocen, pero que para infortunio nuestro, de nuestras familias y nuestras nación, la indiferencia impera. El Estado en sus organismos de control son simples testigos del holocausto que aquí esta sucediendo.
Se han hecho al respecto denuncias y protestas contra el inexistente sistema de salud, corrupción y …

En libertad defensor de DDHH que se acoge a la JEP para revisión de caso

Noticia Tomado de Pacocol Por Prensa Rural

Después estar privado de la libertad durante 4 años, Jorge Luis Montes, defensor de derechos humanos, pudo recobrarla después de firmar un acuerdo para presentar su caso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En la nueva instancia de la JEP, el defensor de derechos humanos asegura que saldrá bien librado puesto que no cometió los hechos por los que fue sentenciado.
Montes habría sido condenado a 39 años de prisión luego que un juzgado de Bolívar lo hallara culpable por supuestamente haber cometido desplazamiento forzado, rebelión y otros crímenes más, a eso suma que lo señalaban de pertenecer a la antigua guerrilla de las FARC-EP. El acusado nunca reconoció estos hechos y manifestó una permanente persecución política, asimismo diferentes colectividades sociales, como organizaciones no gubernamentales denunciaron estas acciones de la justicia como falsas.
Todd Howland, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas…