Entrevista
Por La Razón
«Las FARC no se van a desmovilizar, se van a movilizar como nuevo movimiento político», matizó uno de los miembros de la delegación de la guerrilla en La Habana tras la firma del histórico acuerdo de dejación de armas sellado el jueves. El proceso de paz de cuatro años se ha encaminado a ese fin último: la conversión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en un partido político. Un objetivo visto con reticencias en parte de la sociedad, pues implica protección y el indulto de los guerrilleros.
Entre ellos, René Nariño, detenido en 2011 «por rebelión agravada y concierto para delinquir». Comenzó a simpatizar con los ideales revolucionarios desde los catorce años y una década después después había ingresado como miliciano. «Cuando era pequeño tuvimos que huir con mi familia del campo a Bogotá para escondernos porque hubo atentados contra mis padres. Sus cabezas tenían precio», cuenta a LA RAZÓN por Whatsapp desde la cárcel de La Picota. Rondaba el año 1992, época en que unos 20.000 dirigentes y partidarios de Unión Patriótica (UP) –fuerza política surgida de las FARC tras el proceso de paz emprendido por el entonces presidente, Belisario Betancur– fueron asesinados a manos o bajo omisión del Estado.
El actual proceso de paz, sin embargo, cuenta con «rígidos mecanismos y otro contexto social para evitar que se repita esa masacre», asegura a este diario el abogado Juan Esteban Ugarriza, investigador del post conflicto en la Universidad del Rosario. Para la guerrilla, el principal temor ahora es «acabar con el paramilitarismo, que amenaza a cualquier movimiento de izquierdas».
Como a tantos otros combatientes de todos los bandos, René vio morir a familiares y amigos, además de ser víctima por desplazamiento. De ahí su interés por alistarse a la guerrilla. Este joven perteneció al frente «Antonio Nariño», en Cundinamarca –departamento donde se ubica la capital–. Un frente que tuvo la peculiaridad de estar compuesto por jóvenes de la ciudad con estudios superiores, a diferencia del 90% de los campamentos en zonas rurales. Pero también había que tomar las armas en la selva, donde se refugiaban para planear las operaciones. «Una vez, sufrimos un asalto del Ejército. Estábamos duchándonos en el caño y no tuvimos tiempo de movernos medio metro cuando empezaron a llover balas. Murieron tres compañeros y resultó herido el comandante Carlos Antonio Lozada [uno de los negociadores en La Habana]», narra René.
Las labores de ese frente, muy politizado y con alto nivel académico, se centraban en la inteligencia en la ciudad, es decir, una milicia urbana que combinaba la lucha armada y la pedagogía política, a través de charlas, reclutamiento o contactos con organizaciones civiles. Unas tareas que ahora desempeña Marcha Patriótica, el movimiento político vinculado a las FARC, fundado en abril de 2012, siete meses antes del inicio del actual proceso de paz.
La guerrilla todavía no ha definido cuál será la forma que adopte su ingreso a la vida política, pero Marcha Patriótica se ha perfilado como ese brazo político, según algunos sectores. Lo que está claro es que la idiosincrasia de las FARC y su necesidad de expandirse requerirán del apoyo de las organizaciones civiles de izquierda alternativa. Para René, «la briga [lucha] debe darse de una forma mancomunada con el resto de movimientos populares».
El primer lance político al que se enfrentará la guerrilla será el plebiscito para refrendar la firma de la paz, una opción que todavía estudia la Corte Constitucional, a la que las FARC avalaron en el reciente acuerdo para tomar esa decisión, a pesar de retrasar las negociaciones por no compartir esa vía. «Nuestro norte es alcanzar una Asamblea Nacional Constituyente, un camino que no se va abandonar», afirma René.
El Gobierno y las FARC se enfrentan a una sociedad hastiada y escéptica ante el proceso de paz. Un 38% de los colombianos no votaría en la consulta y, del 57% que lo haría, un tercio se posicionaría en contra. «Se haya llegado al fin de la guerra y a la gente ya no le importa porque ya no sufre el conflicto como antes», señala el analista Ugarriza. Ante ese desgaste, René cree que «hace falta profundidad para explicar los acuerdos y que no sea traumático».
El otro obstáculo de las FARC para reconvertirse en partido es la reintegración de los 17.500 guerrilleros y colaboradores no armados. Ello dependerá de la voluntad política y económica del Gobierno, así como también del grado de aceptación entre la sociedad.
Primeros roces tras la firma
Ya se han producido las primeras reticencias tras el histórico acuerdo de paz. Las FARC calificaron de «precipitada» la lectura del Ministerio de Defensa sobre el tamaño de los ocho campamentos previstos, de cuatro hectáreas cada uno. Para la guerrilla, eso genera «confusión en la opinión pública», ya que «aún no se ha consensuado» esa dimensión. Justo después de la solemne ceremonia del jueves, el representante de las FARC matizó que «el plebiscito es una propuesta unilateral del Gobierno» que la guerrilla no comparte pese a aceptarla.
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