MATERNIDAD NEGADA -Memorias de Prisión-

Reportaje

Tomado de INSPP
Por Liliany Obando

Bogotá, Colombia, 22/04/17

Como un resultado de la lucha de muchas mujeres organizadas, muchas de ellas feministas, las violencias contra las mujeres que con inusitada frecuencia terminan en muertes violentas, se visibilizan cada vez más, en un esfuerzo por sacar de la condición de supuesta “normalidad”, asignada por una cultura patriarcal, a lo que en realidad es una afrenta contra las humanidades femeninas. También gracias a esas mismas luchas de las mujeres, esos asesinatos hoy son tratados penalmente como feminicidios, es decir, aquellas muertes ocasionadas contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, con lo cual se pretende sancionar de manera ejemplarizante y más allá, que nunca más sucedan aquellas muertes violentas contra las mujeres. Aun así los feminicidios se suceden uno tras otro y a las mujeres y a la sociedad, nos queda mucho trabajo por hacer para que esta aberrante realidad cambie.

Pero en ese universo de las violencias contra las mujeres, hay un tipo de violencia del que poco se habla, de la negación del derecho de las mujeres a la maternidad y por extensión de las niñas y niños a tener una familia y a no ser separados de ella (art. 44 de la Constitución Política colombiana). Familia, que en una gran mayoría de los casos se limita a la madre ante la ausencia permanente del padre. Y este tipo de violencia que desgarra en lo más profundo a las mujeres que la viven, es más frecuente y al tiempo más invisible para las mujeres privadas de la libertad.

Hace unos escasos días, supimos del doloroso caso de la prisionera política de las FARC Rocío Cuéllar. Ella quien había pasado por la tortura de estar embarazada siendo una prisionera en una cárcel donde no se le garantizan las condiciones mínimas que debe recibir una mujer en ese estado, tuvo además un embarazo de alto riesgo y su bebé nació prematuramente en un hospital que no ofrecía las condiciones para atender al recién nacido. Rocío no sólo debió soportar el dolor de no poder estar al lado y amamantar a su recién nacido del que la habían separado, sino que tras una larga lucha con la institución penitenciaria y las entidades prestadoras de salud para que el bebé fuera trasladado a un hospital que le garantizara la vida al menor, recibió finalmente la fatídica noticia de la muerte de su bebé por la negligencia e inhumanidad institucional.

Lida María Urrego Lascarro, prisionera política de las FARC, recluida en Cárcel de Mujeres las Mercedes de Montería Córdoba, recientemente también narra en una desesperada carta cómo a pesar de ser una prisionera política de las FARC-EP, que la hace beneficiaria de la Ley de Amnistía (Ley 1820), resultado de los Acuerdos de Paz firmados entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, ésta no ha sido aún posible, en cambio, las autoridades penitenciarias muy acuciosas la separarán de su pequeña hija que ha convivido con ella en la cárcel desde su nacimiento, tan pronto cumpla la edad de 3 años, tal como lo señala el Código Penitenciario y Carcelario.

En otra cárcel distante de esa, la Reclusión de Mujeres de Cúcuta, Norte de Santander, Mayerli Becerra Muñoz también prisionera política de las FARC, dio a luz a su bebé y a pesar de ser al igual que Rocío y Lida María, beneficiaria de la Ley de Amnistía, ésta no le ha sido concedida, tampoco la prisión domiciliaria, por lo que fue conducida junto con su recién nacido de nuevo a prisión. El menor enfermó y tuvo que ser llevado a un hospital pero separado de su madre. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar decidió que la custodia temporal del menor estaría en manos de un tercero.

También recuerdo como si fuera ayer a nuestra pequeña Manuelita[1]. En ese mundo de dolor y sombras que son las cárceles, paradójicamente, los momentos de alegría vienen de esas pequeñas y pequeños, también de cierta forma prisioneros, que conviven con sus madres en los pocos patios de reclusiones femeninas donde está permitida su permanencia. Pero el de Manuelita es un recuerdo doloroso. Su madre, una guerrillera de origen indígena, de rasgos duros y carácter fuerte, llegó una mañana ahogada en llanto a contarnos a quienes éramos sus más cercanas, que su pequeña niña, que aún no ajustaba los tres años y que escasamente hablaba, había regresado del jardín infantil quejándose de dolor en sus partes íntimas que señalaba con su pequeña mano y su ropa interior tenía rastros de sangre. Recuerdo que mientras escuchábamos su relato, llorábamos todas al sospechar de qué se trataba. Recuerdo también que su madre se debatía en el dilema entre su deseo de justicia y el deseo de que no la separaran de su pequeña hasta que cumpliera los tres añitos, pues después de eso difícilmente la vería crecer ya que afrontaba una condena de 40 años. Finalmente el caso quedó en la impunidad porque nadie nos creyó la historia que la reclusión prontamente encubrió.

Pero esta dolorosa situación no es exclusiva a las prisioneras políticas. En las cárceles colombianas la gran mayoría de las mujeres privadas de la libertad son madres y lo que es más complejo, son ellas la cabeza de familia, las que deben proteger a su descendencia tanto económica como afectivamente, ante la ausencia de la figura paterna. La mayoría de ellas han trasgredido la ley por delitos asociados a su condición de pobreza y exclusión. Así que las dolorosas historias de madres e hijas e hijos separadas forzosamente por la circunstancia de la cárcel de las primeras, o de pequeños/as que crecen en el hábitat de la prisión junto a sus madres hasta que alcancen los 3 años de edad, se repiten por cientas ante la inexistencia de una Justicia de Género que debería priorizar y dar un tratamiento diferencial y alternativo a la prisión a las mujeres que son madres, entre otras, porque éstos menores son los peormente afectados.

Jamás olvidaré la historia de Sol[2], con quien compartí durante algunos meses una pequeña celda. Era una mujer que llevaba una vida normal con su esposo e hijo, hasta que en un episodio de violencia intrafamiliar durante una riña con su hermano éste terminó muerto con arma blanca y ella pagando una larga condena. Tras el episodio violento su familia dejó de hablarle, jamás la visitó en la cárcel y nunca protegió a su pequeño hijo que quedó como tantos(as) otros, a la deriva. Su esposo, como suele ocurrir con demasiada frecuencia cuando una mujer está en prisión, con el tiempo también la abandonó, no sin antes haber concebido con ella una hija en la cárcel. Sol, así quedó con la responsabilidad de una madre soltera de un hijo y una hija. En la cárcel, fruto de la soledad y la desesperación conoció la droga, y aprendió a robar para solventar el vicio y solo ese sentimiento inigualable que une poderosamente a una madre a su hijo(a), fue capaz de sacarla de ese mundo de oscuridad. Cuando compartí con ella en el patio de prisioneras políticas, era testigo de cómo día a día se la rebuscaba como podía, -en las cárceles colombianas los cupos de trabajo remunerado son casi inexistentes-, y con lo poco que se ganaba la veía comprando dulces y alimentos, y también colectando lo que sobraba de la comida canera que las demás prisioneras dejábamos, para enviarles a su hija e hijo, de los que dolorosamente había sido separada cuando éstos cumplieron los tres años.

En los Acuerdos de paz de La Habana se logró, gracias también a la presión y esfuerzo de muchas organizaciones de mujeres, que quedara incluido de manera transversal en los mismos, el enfoque de género, aporte sui géneris en los acuerdos de paz en el mundo. Es ahora tarea de las mujeres jugar un papel activo como garantes para que ese enfoque de género se cumpla en la implementación de los Acuerdos de Paz y también seguir luchando para que una real Justicia de Género sea posible. Es la única vía para que cientas de historias de violencias contra las mujeres y de sus dolores inenarrables, empiecen a ser cosa del pasado, mientras que la maternidad por opción, sea un regalo de vida en la Colombia de la Paz.

*Socióloga, Defensora de Derechos Humanos y Ex Prisionera Política.

(Versión revisada)