Comunicado
Tortura, hacinamiento, falta de atención médica, incumplimiento de medidas judiciales de su propia legislación, tales como la tutela y desconocimiento de derechos carcelarios, son características del régimen penitenciario colombiano que naufraga en la corrupción, los malos manejos y el sadismo. En pocas palabras es la violación absoluta de los derechos humanos fundamentales.
Blanco especial del visceral odio aupado por las autoridades son once mil prisioneras y prisioneros políticos y de guerra, número en alza producto de las medidas de represión y judicialización basadas en la mentira y los falsos testigos.
La capacidad instalada para albergar internos es de 75.726 cupos y la población real existente en las cárceles es de 117.528 y crece a un ritmo del 50% anual, habiéndose duplicado en los últimos dos años, lógica razón de la agudización de los problemas padecidos por hombres y mujeres presos.
Veamos algunos ejemplos, La Modelo de Bogotá tiene capacidad para 2.000 y hay 7.000 internos, la de Bucaramanga puede alojar 1.350 y hay 2.906. El personero municipal del San Antonio de Prado (Antioquia), Rodrigo Ardila abaló video puesto a circular el miércoles donde se muestra en la cárcel El Pedregal de esa localidad, las condiciones que padecen 440 internos en un espacio habilitado para 100 personas.
Ya de por si es vergonzoso cuando los internos se ven obligados a interponer tutelas para lograr la atención en salud, más aun si estas medidas son definidas en favor de presos y prisioneros y luego se desconocen de manera olímpica por los encargados bajo la batuta de funcionarios del INPEC y Caprecom.
Pero no es solo el inexistente o pésimo sistema de salud carcelario, ni el hacinamiento, agreguemos a esta calamidades la mala alimentación, la tortura física o psicológica en algunos establecimientos; los tratos crueles, degradantes e inhumanos, los traslados a ciudades o poblados lejos de familiares y amigos; las ofertas en dineros, prebendas o rebajas de penas para convertir al detenido en “sapo” o en falso testigo.
La situación es tal que obligó como forma de denuncia y exigencia de soluciones una huelga de hambre de 2 días de los prisioneros políticos y de guerra de Eron Picota, de Bogotá, la cual contó con pleno respaldo y apoyo de una gran masa de colombianos.
Con esta problemática irresoluta se atreven a manifestar disposición para recibirle a los Estados Unidos presos de Guantánamo y solo esperan que, lo afirma el embajador de Colombia en Washington, se planteen las recomendaciones para aceptarlas, tal es la obcecación.
La solución pasa por garantizar condiciones de vida digna, posibilidades de trabajo, de estudio, de comunicación y visitas familiares, entre los temas más sentidos. Alertamos sobre la pretendida solución enmarcada en el plan imperial de transnacionalización de la justicia de las construcciones faraónicas para cárceles y penitenciarias por parte del Estado, para en la clásica medida neoliberal entregarla a la empresa privada para su disfrute.
El tema es profundo y hace parte esencial de la necesaria reforma al sistema judicial. Las mayorías nacionales tienen la palabra, la Asamblea Nacional Constituyente por la paz es el camino idóneo para construir las medidas necesarias.
Toda nuestra solidaridad con las acciones desarrolladas por presos sociales, prisioneros políticos y de guerra en la defensa de sus derechos y la conquista de condiciones de vida digna.
Delegación de Paz de las FARC-EP
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