Comunicado
Por Fundación Colombia Soberana
Septiembre 24 del 2017
Denuncia Pública:
La Fundación Colombia Soberana denuncia y condena los constantes incumplimientos por parte del Gobierno Nacional del Acuerdo de Paz firmado entre éste y la Guerrilla de las FARC los días 24 de agosto del años 2016 en Cartagena y posteriormente el 24 de noviembre del mismo año en el Teatro Colón de la ciudad de Bogotá.
En este documento nos referimos a lo acordado sobre presos políticos de las FARC. A pesar de la existencia de la ley 1820 del 2016 que ya tiene dos decretos, aproximadamente 1025 presos políticos de esta guerrilla convertida en partido político, siguen tras las rejas en condiciones inhumanas, muchos de ellos enfermos de gravedad, que en la mayoría de casos nunca fueron atendidos médicamente de la manera adecuada, lo que para nosotros, constituye una forma de tortura y violencia.
HECHOS RECIENTES
1. En la madrugada del día 23 de septiembre del año 2017 muere el preso político Roberto Antonio Sepúlveda Muñoz más conocido como ‘el Comandante Arturo’ en el Hospital San Rafael de Tunja.
2. Roberto Antonio Sepúlveda estaba recluido en el patio 8 de la cárcel de Cómbita Boyacá, El Barne.
3. El preso político venía sufriendo de quebrantos de salud que no fueron tratados adecuadamente, desencadenando una bronconeumonía
4. El Ministro de Justicia y Derecho a través de resolución presidencial número 285 del 2017, soportada está en el decreto 1175 del 2016, había asignado a Roberto Antonio Sepúlveda como Gestor o Promotor de Paz desde la fecha 28 de julio del año en curso, sin embargo, en la práctica esto no llegó a concretarse.
5. Los internos de dicho centro carcelario denunciaron que tanto las autoridades judiciales como en especial el área jurídica de este establecimiento, antes de facilitar la labores de Roberto Antonio Sepúlveda como Gestor de Paz, la obstaculizaban.
6. A Roberto Antonio Sepúlveda hace aproximadamente un mes le habían otorgado la libertad condicionada, algo que nunca se materializó.
SOLICITAMOS
1. Se realice una investigación detallada del caso que permita hallar los responsables de esta muerte por acción y omisión
2. Que de esta investigación se generen las respectivas condenas penales y disciplinarias
3. Se agilicé las libertades ya concedidas en la ley 1820 del 2016 y/o las asignaciones de Gestores de Paz.
4. Se haga un censo del estado de salud de los presos políticos que están aún, inexplicablemente, tras las rejas. Para esto se convoque a organizaciones defensoras de presos políticos, de DDHH, la SCIVI, los países garantes y acompañantes del proceso de paz y organismos como la ONU y el CICR.
5. Se priorice la libertad de los presos políticos enfermos, cuyo lamentable estado de salud ya es conocido. Alertamos, ante todo, los casos de Ángel Parra, con leucemia mieloide en etapa crónica quien nunca ha recibido atención médica adecuada y que ganó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que no le suspendieran el medicamento, pues esto le costaría la vida; Bernardo Mosquera M. conocido como ‘El Negro Antonio’ quien sufre del corazón y se está debilitando cada día más; y de Jan Carlos Amaya, cuyo cuadro médico también es muy complicado.
6. Se estudie y se replantee todo lo relativo a la prestación del servicio de salud en los centros penitenciarios y carcelarios. Aunque la negación del servicio médico es constante contra los presos políticos, la demás población carcelaria también sufre las consecuencias de un servicio de salud deficiente.
RESPONSABILIZAMOS
1. Al Estado Colombiano por la muerte de Roberto Antonio Sepúlveda Muñoz, así como de lo que pueda suceder con respecto a su salud y la vida de los presos políticos Ángel Parra, Bernardo Mosquera y Jan Carlos Amaya.
2. Al Estado Colombiano por el constante incumplimiento del Acuerdo de Paz, no solo con lo respectivo a presos políticos.
LLAMAMOS
1. A La Comunidad Nacional e Internacional a vigilar el cumplimiento del Acuerdo de Paz entre las FARC y el Estado, así como a exigir la inmediata libertad de los presos políticos en las cárceles colombianas, facilitar y ayudar a la libertad de los que están recluidos en el exterior.
2. A las organizaciones defensoras de presos políticos, derechos humanos, la ONU, el CRIC y demás, para hacer todo lo concerniente para que se agilice la libertad de los presos políticos enfermos y demás presos políticos de las FARC, hoy un partido político sin armas, que ha demostrado su voluntad de paz. También colaboren en la vigilancia y control del cumplimiento de los Acuerdos de Paz
3. Al Gobierno Nacional, para que cumpla la palabra empeñada ante los colombianos y la comunidad internacional, dé la libertad a los presos políticos de las FARC en su totalidad y muestre voluntad para hacer del Acuerdo de la Habana una realidad.
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