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Por Santiago Martinez Hernandez - @santsmartinez - El Espectador
Un deficiente sistema de salud, la violación de los derechos de la visita íntima y la apatía estatal son apenas algunos elementos de una problemática social que permanece a la sombra del debate de la crisis carcelaria, porque ésta se ha centrado siempre en los hombres.
Juana Durán tuvo que elegir entre sus dos hijos para que sólo uno viviera con ella en la cárcel El Buen Pastor en Bogotá. Fue una elección que tomó en cuestión de horas, pues en los meses de gestación nunca le realizaron controles prenatales o ecografías para saber el estado de su embarazo. Sólo se enteró que tenía gemelos a la hora del parto. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) le informó de inmediato que debía tomar la decisión sobre cuál de los dos recién nacidos se quedaría junto a ella y cuál se iba con su familia, porque definitivamente en la cárcel no había espacio para tanta gente.
En otro caso similar, Vanesa* perdió su bebé por falta de atención médica. A principios del año se enteró de que estaba embaraza por una amenaza de aborto. Desde la cárcel de Jamundí la trasladaron al hospital San Juan de Dios en Cali. Le recomendaron hacerse otra ecografía, pero el Inpec jamás la llevó a practicársela. A pesar de que seguía sangrando, en sanidad sólo le recomendaron reposo y alzar los pies. Casi un mes después, una brigada de salud le hizo el examen. El resultado fue un aborto espontáneo. Ante los reclamos de Vanesa, el Inpec se escudó diciendo que no conocía su historia clínica, a pesar de que en las minutas de sanidad aparecen las salidas para recibir atención médica.
Estos son algunos de los casos que afrontan las 7.777 mujeres privadas de la libertad en Colombia por decisión judicial, a quienes se les violan a diario sus derechos reproductivos y sexuales, y de paso también su derecho a una vida digna a pesar de sus condenas. Por esa razón, el pasado 31 de mayo, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y algunos congresistas citaron a una audiencia pública para evidenciar esta crisis. Si bien la situación no es equiparable con la de los más de 108.000 hombres presos, sí es cierto que existe un hacinamiento del 45 % en los 43 establecimientos de reclusión –de los cuales sólo seis son cárceles exclusivas para mujeres– y ellas están en situación de vulnerabilidad.
En otras palabras, la crisis humanitaria del sistema carcelario colombiano siempre se ha centrado en lo que sucede con la población masculina. Las mujeres no tienen las mismas condiciones ni los mismos espacios de reclusión especial, como el famoso pabellón de los parapolíticos o funcionarios públicos. Pero eso no es lo más grave. Es tanta la invisibilización de la crisis carcelaria femenina, que ha pasado inadvertida la crítica situación de salud que desde hace cinco semanas vive la cárcel El Buen Pastor. Están en cuarentena por brotes de sarampión, varicela y paperas, y han denunciado que les están dando alimentos en mal estado.
“Nos daban tres kits al año con 10 toallas higiénicas, un jabón de baño –a algunas de nuestras compañeras les daban jabón azul–, un rollo de papel higiénico y un sobre de desodorante, algunas veces vencido. A uno le tocaba comprar o esperar las encomiendas de la familia. En la cárcel a veces nos daban kits buenos por el Día de la Madre, pero la verdad es que la mayoría de nosotras nos manteníamos con lo que nos daban las familias. El problema es que muchas compañeras no tenían ni una sola persona que las visitara”, manifestó Clemencia*, una mujer que estuvo presa entre 2008 y 2017 en la cárcel El Buen Pastor.
La orden del Inpec es que al año se entreguen cuatro kits y que desconoce las denuncias frente al mal estado de los implementos de aseo. Sin embargo, reclusas como Lydia Aguilar, quien estuvo en varios patios del Buen Pastor, sostienen que esta situación ha conllevado a que se cree un mercado negro, en el que un paquete de toallas higiénicas llega a costar hasta $30.000 y en el que mujeres consumidoras de sustancias sicoactivas sean las más vulnerables por cambiar sus kits a cambio de droga. En pocas palabras, actualmente a las reclusas sólo le dan 30 toallas higiénicas al año para controlar sus ciclos menstruales, una cifra ínfima, un atropello a la dignidad humana.
“En 2008 me capturaron y a los dos años comenzaron mis problemas de salud. Tenía muchos sangrados y empecé a sufrir de anemia. Pedía remisiones donde el ginecólogo, pero nunca prestaron atención y me dieron un tratamiento con pastillas de embarazada. Empezaron los desmayos y me derrumbaba. Lo veían como algo normal. Sólo hasta 2016, cuando me remitieron e hicieron exámenes de sangre, se dieron cuenta de la gravedad. Tenía problemas con la hemoglobina porque la sangre no se oxigenaba bien. Además, me tuvieron que hacer un legrado por miomas y además ponerme dos transfusiones de sangre”, contó Ángela*, quien fue presa política de la cárcel de El Buen Pastor.
Al regresar al penal no hubo controles posteriores para Ángela y mucho menos se respetó la dieta que le mandaron a hacer. Recuerda que en algún momento también le hicieron una citología, pero jamás le entregaron los resultados. Hoy sufre de diabetes y dice que, sin la ayuda de los médicos de urgencia del hospital donde la atendieron, se hubiera muerto. Su caso es similar al de una mujer indígena uwa que llegó trasladada desde el Cauca en 2016 a El Buen Pastor. Además de las múltiples discriminaciones por no hablar bien español, no le dieron un tratamiento adecuado a una enfermedad que la hacía menstruar todos los días.
“Nunca le practicaron exámenes para determinar su patología. El personal médico de la cárcel sostenía que era fruto del estrés”, explicó el Comité de Solidaridad de Presos Políticos en el caso de la indígena. Según Adela Pérez, quien estuvo en El Buen Pastor y fue defensora de derechos humanos en el penal, ese era el diagnóstico más común y con el que resolvían todos los problemas en la cárcel: “En las prisiones no hay especialistas. Todos los síntomas, fuera un dolor de cabeza, seno u ovarios, eran producto de no saber manejar el estrés y nos daban algún medicamento para el dolor. No pudimos prevenir las enfermedades a tiempo”.
Otra de las críticas de las reclusas era la falta de medicamentos para controlar las enfermedades, dolores e infecciones, y la improvisación del personal médico a la hora de formular las recetas. “La droguería es desastrosa. Ahí usted sólo encuentra medicamentos como acetaminofén, loratadina, diclofenaco, dipirona y tramadol. Este último medicamento es muy fuerte, afecta el sistema nervioso y puso muy mal a cuatro compañeras que se lo aplicaron”, señaló Clemencia. Esa misma situación la vivió Lydia Aguilar, quien vio como a una de sus compañeras que le aplicaron tramadol por un dolor en la espalda temblaba y estaba desorbitada. “Al ver esa situación, uno optaba por aguantarse los dolores”, agregó.
El caso de las emergencias odontológicas no es diferente. Si se presentaba una emergencia para una intervención especializada, según las reclusas, la solución era sacar la muela. Además, agregaron que como era un servicio que se prestaba cada 15 días, pocas tenían acceso. Igual sucedía con las citologías o mamografías, pues varias reclusas, entre ellas algunas de la cárcel de Picaleña y Jamundí, sostuvieron que era imposible conseguir una cita o que les entregaran resultados. “La única mamografía que me realizaron fue porque una guardia me pegó en el seno con una puerta. Ahí sí corrieron a valorarme, pero no es normal que hagan ese tipo de controles”, relató Clemencia.
Según cifras de Fiduprevisora, encargada de prestar el servicio de salud de los presos del país, entre 2016 y 2018 se realizaron 275 mamografías y, en ese mismo tiempo, sólo 889 reclusas solicitaron una citología. Es decir, en más de dos años tan sólo el 3,5 % de la población carcelaria femenina tuvo acceso a una mamografía y el 11,4 % solicitó una cita con un ginecólogo. Con el agravante de que la misma Fiduprevisora indicó que entre las afecciones más recurrentes en las cárceles están los miomas, quistes mamarios, trastornos menstruales, leucorreas, dismenorreas y la menopausia.
Para las reclusas la única opción que tienen para visitar a un especialista es durante las brigadas de salud que entran al penal eventualmente. Pero insisten que es poco lo que se logra con estas actividades, porque sólo terminan beneficiadas no más de 200 presas. “Cuando detectaban un cáncer de cuello uterino era irreversible. La única garantía es que tengamos un ginecólogo a disposición”, puntualizó Adela Pérez. A pesar de que el Inpec dice que entre 2017 y 2018 sólo llegaron 12 quejas por la no prestación de servicios de salud, en contraste la Defensoría del Pueblo sostiene que desde 2013 ha recibido 1.081 quejas por violación al derecho a la salud.
Pocas opciones para planificar
“Es terrible que nos impongan métodos de planificación. Nos condicionan. ¿Por qué cada una de las reclusas no puede tener un preservativo? ¿Por qué sólo lo pueden hacer las que están autorizadas por tener visitas íntimas? Ni siquiera piensan en los condones hipoalergénicos. Después se presenta alguna epidemia de enfermedades o infecciones de transmisión sexual que se desborda. Obvio no lo hacen público, pero lo que pasa es que solo actúan cuando ya el problema está avanzado”, aseguró Adela Pérez. Y agregó que el Inpec sólo ofrece, según el inventario que tengan, los métodos de anticoncepción. Es decir, las presas no pueden elegir.
Según las autoridades, los métodos anticonceptivos son las pastillas, las inyecciones, el dispositivo intrauterino, el implante subdérmico (Yadel), la esterilización quirúrgica y los preservativos. Sin embargo, las reclusas sostienen que a ninguna le practican un examen para valorar cuál es el método más indicado y termina siendo una decisión de las enfermeras en sanidad que no tienen conocimientos específicos en ginecología, provocando complicaciones en la salud. La respuesta a sus quejas ha sido que falta mucho presupuesto y denuncian que tampoco hay forma de tratar debidamente los cólicos menstruales.
Al preguntar al Inpec, contestó que los tratamientos son decisión de los médicos: “La llegada de la menstruación no corresponde a ninguna actividad administrativa que esté regulada por los reglamentos, pues se trata de un estado fisiológico de la mujer que se relaciona con su estado de salud y es inherente a su condición femenina”. Para el Comité, se trata de una situación que viola los derechos de las mujeres porque se imponen métodos anticonceptivos sin carácter diferencial. Es más, hay un caso reseñado en el que a una reclusa no le quisieron quitar el dispositivo de Yadel, por lo que optó por sacárselo ella misma, poniendo en grave riesgo su salud.
Embarazos de alto riesgo
El panorama para las mujeres embarazadas y lactantes es más complicado aún. A pesar de que lo normal es que una mujer en estado de gestación tenga al menos cuatro controles prenatales, las reclusas no reciben si quiera un llamado para que les hagan una ecografía o revisen cómo viene o es el estado de su bebé. Casos como los de Juana y de Vanesa no son algo extraño para quienes han estado en prisión, pues aseguran que muchas llegan hasta el octavo mes sin saber si su bebé es niño o niña, tiene problemas de salud o su embarazo es de alto riesgo.
Las secuelas emocionales y psicológicas que quedan en las mujeres que pierden a sus hijos tampoco son atendidas. Adela Pérez sostiene que muchas mujeres no han podido tomar la decisión de detener voluntariamente sus embarazos porque sin ecografías no se conoce si el feto viene con malformaciones o la vida de la madre se encuentra en peligro. Fue el caso de una reclusa de El Buen Pastor que sufrió de preeclampsia y su bebé murió tres días después del parto porque tenía problemas cardíacos muy graves. Y las cifras de la Fiduprevisora demuestran que en los últimos cinco años sólo se ha solicitado un aborto por malformación del feto.
Los bebés que nacen sin complicaciones también sufren las consecuencias de la crisis carcelaria. Actualmente en las cárceles del país viven 64 menores de tres años, de los cuales varios sufren problemas alimenticios, bien sea por desnutrición o sobrepeso. A pesar de que reciben cinco comidas al día, las madres aseguran que las dietas no son balanceadas y que entre la última comida y el desayuno pasan casi 12 horas. Pero el momento más difícil para las mujeres es cuando llega la separación de sus hijos, ya que el Inpec sostiene que sólo hasta los tres años pueden vivir en los penales. Lo que sucede después con los menores es decisión del ICBF, que determina si debe ser dado en adopción o la familia de la reclusa puede mantener la custodia.
El viacrucis de una visita conyugal
“Si la guardia está de mal genio, las visitas íntimas las acaba antes. Pero lo más injusto es que el Inpec sea quien valore si se puede o no tener una visita íntima. Lo peor es someterse a ese engorroso régimen, y peor en mi caso era porque mi pareja estaba en Cómbita. La mujer es la que tiene que demostrar con papeles los años de relación y someterse a un examen psicológico”, aseguró Adela Pérez. Para ella, el Inpec les viola los derechos por el simple hecho de ser mujeres, pues la obligación es que ellas sean las que sufran todas las consecuencias de los traslados de un penal a otro y no los hombres.
“Después de pasar cuatro meses para que aprobaran la visita íntima, nos daban ese beneficio una vez al mes. Era una jornada de tortura. Comenzaba a las tres de la mañana y luego a la requisa, muchas veces era abusiva. Después lo esposaban de pies y manos y lo metían a un bus. Sólo hasta el mediodía y tras volver a pasar la requisa en Cómbita, uno podía entrar al baño y ver a su pareja. De las cosas más denigrantes eran los sitios de encuentro. No cumplían con condiciones de higiene. Ya para devolvernos, con solo un refrigerio encima, ni siquiera podíamos guardar los regalos –un chocorramo o chocolatina- que nos daba nuestra pareja, porque si se la encontraban a uno en la requisa la botaban a la basura”, recordó Adela.
Las denuncias por la discriminación que sufrían las parejas LGBTI o las personas que padecen alguna enfermedad sexual también son algunas de las violaciones. En el último año, según el Inpec, 54 reclusas han intentado quitarse la vida y la Defensoría del Pueblo ha recibido en los últimos cinco años 370 quejas por tratos crueles y de tortura. El objetivo de la audiencia pública fue visibilizar una problemática que ha estado en la sombra de un sistema carcelario que ha privilegiado resolver los problemas de los hombres antes que los de las mujeres.
*Nombres cambiados por petición de las fuentes.
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