Comunicado
Por : MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO-MNC
24 de marzo de 2020
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
El pasado 21 de marzo, en distintas prisiones de todo el país, las personas privadas de la libertad se unieron al Gran Cacerolazo nacional, cuya finalidad era la declaración de la Emergencia Carcelaria y la liberación humanitaria de presas y presos.
Con ímpetu, y en varios casos adelantándose a la hora propuesta en la convocatoria, el chasquido de las ollas y el retumbe de las puertas, se hizo sentir en los oídos que han sido sordos a los llamados urgentes sobre la grave crisis que se vive en las cárceles colombianas, y que ha sido ampliamente documentada desde 1998; año en que fue declarado el Estado de Cosas Inconstitucionales en las prisiones, y que exige la solución pronta y adecuada de las mismas. Prontitud que se ha extendido por más de veinte años y ha costado vidas y sufrimiento a la población carcerlaria, sin que llegue una solución definitiva a sus problemas.
El cacerolazo recoge, no sólo el clamor que exige la toma de medidas frente a la crisis social agravada por el (SAR- -COV 2) COVID 19, sino que es la continuidad de un grito que hace décadas viene reclamando el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de quienes han sido privados de la libertad pero no de su humanidad.
Hay que recordar que son varios los problemas que aquejan a las personas recluidas. La infraestructura carcelaria tiene una capacidad para 80.196 personas, pero acumula a 124.188, dando un crítico 54% de hacinamiento a nivel nacional. Quizá resulte mas lúdico - y vergonzoso- imaginar una celda de pocos metros cuadrados cuya capacidad es para dos personas y que es habitada por cuatro, como es el caso de la cárcel de mujeres Buen Pastor de Bogotá, donde el hacinamiento es del 79, 5%. Allí, muchas celdas albergan de cinco a seis mujeres, teniendo que dormir algunas en el pasillo frente al habitáculo.
Pero el problema que enfrenta el sistema carcelario no es únicamente el hacinamiento; distintas organizaciones sociales, ONG`s y particulares han denunciado el grave problema alimentario, desatado por la miserable ración de comida, y la deplorable manipulación y preparación de la misma; situación agravada por la corrupción que es el mal endémico de la nación.
De esta misma forma, las precarias condiciones de salubridad y saneamiento básico que implican la propagación de enfermedades y vectores asociados, además del bajo presupuesto asignado por la USPEC para la atención médica, hacen de las condiciones de existencia de las personas un infierno, y de las enfermedades, un mal por el que nadie quisiera pasar, pero por el que todas y todos no tienen más que acetaminofen y rosarios a la Virgen de las Mercedes.
Se puede continuar con un extenso memorial de agravios que, al mismo procer de la patria, causaría horror; y sin embargo, no se podría continuar con otros puntos si antes no se menciona que «la cárcel es para los de ruana y los que beben chicha». De toda la población carcelaria, sólo el 3, 4%, es decir, 4.262 personas, son profesionales. Un fiel reflejo de las condiciones de pobreza y marginación que son, en primera instancia, las causas sociales de cualquier delito.
El recuento de una pequeña parte de lo que constituye la Grave Crisis Histórica del sistema carcelario, no viene a ser sino un ejercicio de memoria; tan necesaria hoy para ubicar los discursos nefastos que siembran odio y distorsionan la realidad, y que lejos de permitir contextualizar los hechos, los deforman y permiten el posicionamiento de ideas que destruyen aún más el tejido social.
Los hechos del 21 de marzo, en donde la manifestación de las personas de la cárcel Modelo de Bogotá terminó en una MASACRE perpetrada por fuerzas del Estado, y que por acción u omisión fue facilitada y/o permitida por el INPEC, encargados de la custodia de las personas privadas de la libertad; son un grave y macabro (para usar la terminología de la ministra) ejemplo de cómo la democracia colombiana trata sus dificultades internas, cayendo en el ya reiterado uso excesivo de la fuerza para encarar los problemas, y en el desconocimiento de las causas que originan los conflictos.
Por honor a la verdad, es una irresponsabilidad calificar como plan de fuga lo acontecido en la cárcel La Modelo. Hablar de un plan es hacer referencia a una serie de pasos concebidos para lograr algo; es la construcción idónea de una situación mediante el uso de medios logísticos y humanos para conseguir un objetivo. Lo que se conoce sobre lo ocurrido en esos fatídicos hechos, no da para pensar en un "macabro" plan de fuga, sino en la manifestación desesperada de seres humanos, cuyas condiciones de vida son deplorables, y a las que hay que sumar la crisis desatada por el COVID. Esperar que las personas no detonen o se opongan de cualquier forma al desconocimiento histórico de su situación de marginación y violación de derechos humanos, es desconocer el derecho fundamental a la vida y el principio de defenderla frente a cualquier circunstancia.
Señora ministra Margarita Cabello, quizá su instinto de supervivencia le haga pensar en aislarse, en lavarse las manos cada 30 minutos, y hasta en pedir vacaciones y confinmiento en algún lugar exclusivo para salvaguardar su cuerpo del temible coronavirus; cuestiones por las que no se le puede condenar a sufrir violencia desmedida o a recibir infamias por parte de sus superiores y calificativos de "criminal" y "macabra". Recuerde. Las personas que están tras las rejas somos seres humanos que también tememos por nuestras vidas, y que tras un contagio, serán aún menores las posibilidades de volver a casa para estar con nuestros seres queridos.
No es necesario, como usted supone, que haya un problema sanitario relacionado con el COVID para justificar un motín, no, basta con vivir en una cárcel colombiana para sentir cómo la vida pierde cualquier valor e importancia frente al Estado y sus instituciones. Y ya que lo mensionó en su declaración, un sólo contagio bastaría para un problema mucho mayor que el presentado en la Modelo. No tendría que conjurar un solo "plan macabro de fuga", sino el intento desesperado de vivir de 124.188 personas privadas de la libertad. Derecho a existir que lo tiene usted y el Director general del INPEC, Brigadier General Norberto Mujica, quien se vanagloria con la "rápida acción de los custodios" para frustrar, no un plan de evasión, sino veintitres vidas humanas; hijos negados y marginados de la patria, que desarmados, tenían ganas de vivir.
El cacerolazo era una iniciativa en defensa de la vida, y las fuerzas del Estado la convirtieron en una página vergonzosa de la historia nacional. Ninguna justificación cabe para legitimar la sangre derramada de esos hijos, hermanos, nietos y padres que cayeron víctimas de sus balas asesinas.
¿Hoy, qué le decimos al Gobierno Nacional?
La declaración del estado de emergencia carcelaria es, de una u otra forma, resultado de las vidas cegadas. Tristemente, la situacion documentada por más de dos décadas sobre la grave crisis humanitaria, finalmente es visibilizada ante la sociedad, y el Gobierno nacional debe estar a la altura para afrontar, ya no sólo el estado de cosas inconstitucionales, sino el terrible riesgo que el COVID representa en cualquier cárcel de Colombia o el mundo.
El primer paso fue dado; el marco nominal de la emergencia fue declarado, ahora es menester que se atiendan, no sólo las opiniones de la Defensoría del Pueblo, de las bien intensionadas declaraciones del grupo de senadores alternativos, y de los documentos de organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, sino que es indispensable escuchar las demandas de la población carcelaria, reconocerla como un interlocutor válido, y respetar su derecho a vivir.
Esto no es ni constituye un plan de fuga. Las personas privadas de la libertad se manifiestan en un gran Plan de Vida que sea capaz de transformar la terrible estigmatización en un camino abierto para el diálogo y la superación de todos los problemas que aquejan a este importante sector de los colombianos.
Invitamos, a todas las personas del territorio nacional, a forjar unidad que permita, no sólo superar la amenaza del COVID, sino saldar el estado de cosas inconstitucionales que tanto dolor ha causado sobre los cuerpos, las familias y la dignidad del ignorado pueblo que sobrevive tras las rejas.
Nuestro Plan de Vida es:
1. Descongestión de las cárceles:
A. Excarcelación de mayores de 60 años; personas con enfermedades crónicas, terminales y discapacitados fisicos; sindicados; mujeres embarazadas; mujeres lactantes; y quienes han cumplido las 3/5 partes de la pena.
B. Otorgar los subrogados penales a quienes ya tengan el tiempo establecido para ello.
C. Rebaja del 20% de las condenas a todas las personas condenadas, sin importar que tengan relación con el conflicto armado.
D. Habilitar juzgados de emergencia que permitan atender la situación y descongestionar rápidamente las cárceles.
E. Levantar la suspención de los términos judiciales.
2. Solución de la crísis dentro de los centros penitenciarios:
A. Abastecer de alimentos los expendios de todas las cárceles.
B. Mejorar sustancialmente las comidas brindadas por la USPEC.
C. Hacer brigadas de salud y brindar los implementos necesarios de aseo y autocuidado de los prisioneros, tales como tapabocas, gel desinfectante, cloro, guantes, etc.
3. Salud y prevención frente al covid-19:
A. Disponer de espacios para cuarentena y aislamiento de las personas que puedan verse contagiadas por el virus. Donde exitan condiciones de atención médica requerida.
B. Aislamiento de las personas que se confirme han sido contagiadas por coronavirus, la cual debe darse en un centro médico especializado.
C. Garantizar un sistema de remisiones rápidas y eficientes a centros hospitalarios.
¡Preso es quien no lucha!
Movimiento Nacional Carcelario- MNC
Comentarios
Publicar un comentario